Marquínez, sobre la mejora salarial de 2012 anulada: "Sabíamos que había riesgo"

Marquínez explicó ayer a este propósito que "la propuesta del gobierno municipal tenía como objetivo llevar a la práctica el contenido del convenio colectivo del Ayuntamiento de Avilés 2008-2011 fruto de la negociación colectiva y, de esta manera, evitar una demanda sindical por incumplimiento de convenio". No explicó, sin embargo, que "el acuerdo no era del 5 por ciento, era del 100 por ciento", según indicó Manuel Jesús Villa, presidente de la junta de personal del Ayuntamiento. "Éramos conscientes de que se trataba de un acuerdo no exento de riesgo, como fue la impugnación llevada a cabo por la Delegación del Gobierno", indicó el concejal.

La gestión de la subida salarial en 2012 cobra protagonismo en 2018 porque los sindicatos municipales y el gobierno local acordaron recientemente incrementar la paga de productividad de las educadoras infantiles a cuenta de la paga de productividad, es decir, van a cobrar más, pero la subida no se consolida. Esta subida "bordea" lo dispuesto en la ley general de presupuestos de 2017 (la subida prevista es del 1 por ciento, lo que sucede es que deja abierta la puerta a incrementar productividad tras la revisión de las tareas). Esto es lo que habían reclamado los sindicatos municipales. Tras la confesión de Marquínez en la comisión de Hacienda, se han encendido las alarmas.

"Los experimentos no se hacen con los trabajadores: somos sagrados", subrayó Mercedes García, la secretaria general de UGT en el Ayuntamiento. "Las personas que hacen política deberían tener otra catadura moral", añadió la representante. Y es que el "experimento" de Marquínez supuso una subida (de unos 5 euros al mes) que hubo de ser devuelta. "No es cuestión de dinero, tenemos que negociar en confianza y se ha visto que esto no ha sucedido. Creíamos que negociábamos una subida y sólo éramos objeto de un experimento", se lamentó García. "El director general de Recursos Humanos tiene que encontrar el modo de que las educadoras no pierdan", recalcó la dirigente de UGT en el Consistorio.

"La propuesta del gobierno fue sometida a votación y aprobación en el Pleno. Posteriormente, fue impugnada por la Delegación del Gobierno en Asturias y el TSJA anuló la subida", recordó Marquínez. Manuel Jesús Villa, sin embargo, va por otras latitudes: "La propuesta acordada era que toda la paga de productividad pasase al complemento específico, no sólo el 5 por ciento. Marquínez no estaba de acuerdo con ella y echó mano de la ley de 2011, que decía que nos congelaban los sueldos", destacó el presidente de la junta de personal. "Un 'experimento' bueno hubiera sido el del 100 por ciento", apostilló. "Marquínez no tuvo voluntad de que recuperáramos el poder adquisitivo que habíamos perdido", concluyó.

Según Ángel Luis Fernández, el secretario general de Avanza, lo importante "es mirar hacia delante, continuar en las reivindicaciones que interesan a la plantilla y, sobre todo, exigir el cumplimiento de los acuerdos porque los trabajadores no estamos para experimentos, ni del gobierno, ni de la oposición". Para Primitivo Abella, concejal de Somos, los socialistas "quisieron trasladar un mensaje demagógico a la plantilla: el gobierno local del PSOE sube el salario, pero es la Delegación del Gobierno central del PP la que lo impide".

Según señaló Carlos Rodríguez de la Torre, el portavoz del grupo municipal popular, "la concejalía de Recursos Humanos se basa en la prepotencia y el concejal no deja de ser un guiñol de alguien que le indica todo lo que tiene que decir, tanto en el Pleno como en las comisiones".

Su homóloga en IU, Llarina González, consideró que la noticia desvelada por este diario es "un episodio más de la serie 'La desastrosa política laboral del Ayuntamiento de Avilés'". "El problema es que en este Ayuntamiento se van salvando los muebles poco a poco y, a veces, con cosas tan escandalosas como subir el sueldo a la plantilla a sabiendas de que es ilegal. Eso tiene un nombre, y un gobierno no debería permitirlo", sentenció la concejala de la coalición.

Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, aseguró: "No me parece de recibo intentar echar por tierra los acuerdos plenarios que no puedes ganar en votación democrática". Por su parte, Agustín Sánchez, portavoz de Ganemos, explicó que "ésta es una muestra más de la política errática del PSOE en la gestión municipal". "La anulación por los tribunales exigiría la asunción de responsabilidades políticas dimitiendo, aunque ya hemos visto que esta palabra no está en el vocabulario del PSOE", concluyó el concejal.

"Marquínez tendrá que dar una explicación, el gobierno tiene que actuar bajo el mandato de la ley", aseveró el concejal tránsfuga Francisco Zarracina, quien subrayó que "los funcionarios han sido los paganini de la crisis y son los que pagan el muerto".