La investigación judicial por la muerte por ahogamiento del pequeño Izan Álvarez Pérez en una granja-escuela de Soto del Barco el pasado mes de julio se prolongará 18 meses más. Cuando falta poco para que se cumpla un año del trágico suceso, la magistrada del Juzgado de Pravia responsable de la causa ha aceptado la petición del Ministerio Fiscal, que solicitó la prórroga del plazo de instrucción en año y medio. Según ha podido saber este periódico, la familia del niño confía en que "se puedan practicar pruebas pendientes". La Audiencia Provincial debe dar el visto bueno, en este caso, a las que en su día no se admitieron a trámite. También se ha solicitado que se recojan nuevos testimonios que aporten luz a una investigación con "muchos interrogantes". La piscina presentaba múltiples irregularidades, según documentos aportados al juzgado, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
Izan Álvarez Pérez tenía cinco años cuando el infortunio se cruzó en su camino. Disfrutaba de unos días de recreo en la granja-escuela de la Bouza, un centro hasta entonces de prestigio que dio nombre a Soto del Barco por toda Asturias. Aquella fatídica tarde del 25 de julio de 2017, el pequeño murió ahogado en la piscina. Esta es, para la familia del niño, la primera irregularidad: la documentación que está en posesión de la jueza de Pravia recoge que los padres del pequeño, a la hora de hacer la matrícula, advirtieron por escrito al centro de que el pequeño tenía "miedo al agua". El menor fue hallado inconsciente flotando por una trabajadora del complejo a las 16.30 horas.
La documentación que ahora en está en manos de la magistrada praviana recoge también que la piscina carecía de socorrista, a pesar de que la normativa impone este servicio para una instalación de sus características y tampoco tenía licencia municipal de apertura, cuando llevaba en funcionamiento dos décadas y media. Así lo recogen sendos informes remitidos por la Guardia Civil y por el Ayuntamiento de Soto del Barco, a los que ha tenido acceso este periódico. Los investigadores destacan también "la falta de barreras" entre la piscina pequeña, destinada a menores que no saben nadar, y la grande. La investigación concluye que la granja-escuela carecía de seguro de responsabilidad civil y que una de las dos monitoras al cargo de 17 niños estaba en prácticas.
Casi un año después, la jueza prevé recabar durante la prórroga del plazo de instrucción nuevas pruebas que contribuyan a aclarar qué ocurrió aquella tarde negra. Una vez con toda la documentación en su poder deberá resolver si la muerte del pequeño fue una fatalidad o si existen indicios de homicidio imprudente por parte de los responsables del centro.
La Bouza, entre tanto, mantiene sus puertas selladas. El negocio cerró aquel 25 de junio y no ha vuelto a abrir de cara al público. Incluso la página web figura "en construcción". En las redes sociales las últimas entradas son también de hace más o menos un año, antes de que Izan Álvarez Pérez perdiera la vida.
Quienes no han pasado capítulo son los padres del pequeño praviano, que quieren llegar hasta el final y descubrir qué ocurrió realmente aquel día de verano en la granja-escuela de Soto del Barco, por donde cada año pasaban cientos de niños y escolares de toda la región. "Hay muchos interrogantes que resolver", sentencia el abogado avilesino que defiende a la familia de Izan Álvarez Pérez, que próximamente celebrará el aniversario más doloroso de su vida.
