Los concejales del Ayuntamiento de Avilés recibieron el verano con un Pleno relajado en el que hubo más puntos de encuentros que rifirrafes. Solo el debate de una moción del PP sobre el carbón y la industria electrointensiva hizo saltar alguna chispa antes de que los populares, el PSOE e IU aprobaran una defensa del carbón, incluido el autóctono, dentro del mix energético nacional; la petición de una transición energética ordenada excluyendo el cierre anticipado de las térmicas e instar al Gobierno estatal a implementar nuevos mecanismos para garantizar el suministro eléctrico a las industrias de la comarca "a un precio final competitivo, estable y de calidad".
El PP también fue el encargado de presentar otra de las mociones plenarias que, en este caso, salió adelante por unanimidad y por la que la Corporación insta al Principado a aumentar el catálogo de titulaciones del Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte, que ya cuenta con nueva sede, el colegio Virgen de las Mareas. "Ya tenemos continente y ahora hay que garantizar el contenido y una actividad estable, cuanto más amplia, mejor, porque hay demanda", aseguró Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz municipal del PP. El gobierno local, a través de la concejala de Educación, Yolanda Alonso, valoró la "estabilidad" que da el Principado a esos estudios y advirtió de que la oferta educativa que se imparte en la Escuela del Deporte "debe estar en consonancia con las posibilidades del mercado laboral". "No se puede saturar", apuntó.
La alcaldesa, Mariví Monteserín, indicó que, a través del nuevo plan de concertación firmado entre el Ayuntamiento, los sindicatos UGT y CCOO y la Fade, se quiere potenciar la Formación Profesional. Para ello, habrá un trabajo de difusión entre el alumnado de Secundaria para informar de las posibilidades de empleo que ofrecen esos estudios y, además, se buscará que las mujeres opten por titulaciones de FP masculinizadas.
La Corporación también se puso de acuerdo para solicitar al Principado de Asturias y al Gobierno estatal una moratoria de seis meses para la obtención del certificado de evaluación de edificios, conocida como la "ITV" de los inmuebles, obligatorio para los de más de 50 años. El plazo terminaría a finales de la semana que viene. "Hay que cumplir la ley, pero hay que intentar que sea lo menos gravoso posible para los vecinos más humildes", aseguró Agustín Sánchez, portavoz de Ganemos, promotor de la moción.
El concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, anunció durante su intervención que el gobierno va a modificar este año el plan de mejora de fachadas para que aquellas comunidades de vecinos que se vean obligadas por el informe a hacer mejoras de eficiencia energética y de conservación se puedan acoger a las ayudas municipales. Lo que ya pueden solicitar los vecinos son las ayudas para la redacción del propio certificado de evaluación de edificios, que gestiona la Fundación San Martín.
