El abogado Pablo Gutiérrez Vega (Avilés, 1971), profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla, forma parte del equipo de profesionales que representó a los tres bomberos sevillanos de la ONG Promed -Aid juzgados el pasado mayo en Lesbos (Grecia) por un intento de tráfico de inmigrantes. Resultaron absueltos, pero durante casi dos años pesó sobre Manuel Blanco, Enrique Rodríguez y Julio Latorre la etiqueta de presuntos delincuentes por tratar de salvar vidas en plena oleada de refugiados sirios. Gutiérrez Vega conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la casa familiar de Salinas, en la que se refugia cada verano. El jurista, defensor a ultranza de los Derechos Humanos y colaborador de Asociaciones de Memoria Histórica, se quita méritos en cuanto comienza la charla.
-La representación procesal del caso ante el tribunal de Mitilene la llevaba el compañero Haris Petsikos. Es a él a quien hay que atribuir esta victoria, fue quien actuó ante las autoridades griegas (un abogado español no puede hacerlo). Manuel, Enrique y Julio han tenido la suerte de encontrarse a un profesional muy reconocido, muy riguroso. Su desempeño ha sido inmaculado.
-¿Cuál fue su aportación?
-Formo parte de un equipo que tiene su núcleo en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla que dirijo y que ofreció a los tres bomberos su representación en España. En colaboración con Max Adam, nuestro trabajo consistió en mantenerles en contacto con el abogado griego y actuar ante las autoridades españolas, especialmente ante el Ministerio de Asuntos Exteriores.
-¿Un caso especialmente gratificante?
-Es uno de los casos más emblemáticos en materia de inmigración irregular que se ha judicializado, especialmente teniendo en cuenta que se trata de tres profesionales, bomberos, funcionarios públicos que en su tiempo libre ejercían una labor como voluntarios en las costas del sureste de la isla de Lesbos, muy próxima a la costa turca, uno de los pasos clásicos de la emigración irregular en el Mediterráneo oriental sobre todo desde hace unos tres años.
-¿Y qué ha supuesto para los bomberos detenidos en Lesbos?
-Los tres (bomberos) han tomado una posición proactiva y reivindicativa, especialmente Manuel. Es el responsable de Relaciones Internacionales de esa ONG, ha participado en muchos actos para intentar cambiar la situación jurídica a la que se enfrentan aquellos que en aguas del Mediterráneo hacen operaciones humanitarias.
-¿Cómo conseguirlo?
-El quid de la cuestión es la directiva europea de facilitación 90/2002, que pretende castigar a quienes faciliten la entrada o el tránsito de personas en situación irregular a la Unión Europea. En su artículo 1 ofrece la posibilidad de que cada estado miembro decida libremente si criminaliza a quienes lo hagan en el ejercicio de operaciones humanitarias. Desde la Clínica de Derechos Humanos y varias ONGs se promueve la modificación de esta directiva para que no sea delito ayudar a quien se ahoga en el mar. Se da la enorme paradoja de que Italia, España, Grecia y Malta son de los pocos países que argumentan que no criminalizan la ayuda humanitaria. En el caso griego resulta difícil de creer cuando se ha mantenido una acusación sin fundamento durante año y medio a tres personas cuyo único objetivo era salvar vidas humanas. En el Mediterráneo se están perdiendo a chorretones.
-Puertos cerrados a los migrantes, silencio de los países europeos...
-El caso del "Aquarius" ha sido muy llamativo, aunque no es la primera vez que puertos europeos deniegan una solicitud de una embarcación de salvamento y rescate. Creo que la actitud de los Gobiernos de Malta y de Italia es el reflejo de la descomposición de la política migratoria europea. Quien tiene que decir algo aquí es el Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia). Son esos países los que han roto un consenso básico sobre el que se estaba manejando la Unión Europea y que no ha conseguido abordarse con la eficiencia suficiente a través del sistema Dublín, la política europea de asilo. Era el sistema para determinar cuál era el estado que debía hacerse cargo de las solicitudes de asilo y está muerto. No todos los migrantes son refugiados. Solo lo son cuando un estado receptor lo dictamina. Los países del Centro y Este de Europa han cerrado sus fronteras y encuentran un aliado ahora en el Gobierno italiano.
- ¿Qué opina de la postura del Gobierno español?
-El Gobierno español ha hecho un gesto simbólico que le honra. Se trata de una situación grave que hay que atender, pero considero que hay que solucionar cuestiones mucho más estructurales. La más importante sería poner en común la política de asilo, que a día de hoy es competencia intergubernamental. Eslovenia tiene tanto que decir como Francia, Suecia o Dinamarca.
-¿Y qué papel tiene que jugar en el marco europeo?
-España tiene que tomar la iniciativa. Nunca lo ha he hecho y si lo hace ahora es por cuestiones coyunturales, debe asumir más protagonismo. En cuanto a las competencias estatales, debe mejorar mucho el sombrío legado de las legislaturas anteriores en materia de inmigración y asilo. Se puede hacer con una modificación de las leyes de extranjería y de asilo, pero eso requiere de mayorías parlamentarias que no estoy seguro que el actual gobierno pueda conseguir. Celebraría que así fuese.
-Como jurista, ¿valora la reacción de la ciudadanía a sentencias recientes, como la del caso de La Manada?
-Celebro que haya reacción popular a las sentencias dentro de cauces pacíficos y reivindico el derecho a la participación pública de la ciudadanía, que ha estado adormilada. Ha habido sentencias bastante llamativas recientemente, como la de La Manada, que han derivado en una contestación popular mayoritaria por cauces pacíficos que celebro y en la que he participado. Además ha marcado las líneas políticas del espíritu que lo anima, que no es otro que la modificación del código penal para evitar situaciones como las que se han dado.
-¿Es de los que cree que hay que reformar el Código Penal?
-En el caso de La Manada los tribunales no han podido decidir de otra manera, encorsetados por algunos códigos que van varios pasos por detrás de la realidad social. Considero necesario modificar la ley de enjuiciamiento criminal, que requiere una reforma del chasis en su conjunto, y también el Código Penal, que bajo mi humilde opinión no acomoda el libre ejercicio de la libertad sexual de las mujeres. Creo que debería darse prioridad a esto para evitar casos futuros.
-¿Saldrán definitivamente los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos?
-La salida de los restos de Franco del Valle de Los Caídos es quizás el banderín de enganche para la atención pública, pero no me gustaría dejar de lado los miles de casos que siguen encima de la mesa de las administraciones públicas y de los juzgados y tribunales. Siempre he abogado por la judicialización de estos casos y nunca he recibido una respuesta positiva. No creo que el Gobierno vaya a echarse atrás pero lo del Valle de los Caídos me parece de nuevo una política de gestos que debería ir acompañada de la anulación de las sentencias franquistas. No se trata de una revancha en términos históricos, sino de la reparación del daño que causa la vigencia de la ley de amnistía. La Junta del Principado y otros parlamentos autonómicos tienen iniciativas en curso con el objetivo de que esas sentencias conviertan a los que aun yaciendo en las cunetas de nuestra patria siguen siendo reos culpables de traición, entre ellos mis propios familiares. Es un paso fundamental que se podría dar.
