Santiago Rodríguez Vega planteará hoy al Ministerio para la Transición Ecológica diversas opciones para que sea el Estado el que aporte la arena a la playa de Salinas y no el Puerto, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez. El objetivo principal del encuentro que mantendrá el presidente de la Autoridad Portuaria con responsables del Ejecutivo central, como el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, es rebajar las obligaciones que impone la declaración de impacto ambiental para hacer los dragados en la ría.
De mantenerse esas condiciones, el Puerto entraría en números rojos, ya que cada una de las succiones de materiales del fondo del estuario y el posterior aporte de la arena a Salinas supondría un coste de 2,8 millones de euros. En la actualidad, un dragado cuesta a las arcas portuarias unos 250.000 euros.
"Vamos a explicarles nuestras discrepancias y será también la oportunidad de ver su análisis de la situación. No creo que lo podamos resolver en una única reunión pero será una aproximación al tema. Nuestro objetivo es que no nos pongan obligaciones que sean imposibles de ejecutar", aseguró ayer Rodríguez Vega. El presidente insistió en que la declaración ambiental "es inviable económicamente" para el Puerto de Avilés. "Lo que nos plantean no son medidas eficaces para resolver los problemas de la arena de Salinas y tampoco mejoran el medio ambiente. Los costes son inasumibles y nos obligan a buscar bancos de arena. ¿Por qué? Costas lleva diez años buscándolos y ahora nos dicen que lo hagamos nosotros", reprochó.
El Gobierno central pretende que sea el Puerto el organismo que analice la evolución del sistema dunar y de la playa de Salinas, así como a la búsqueda de los yacimientos de arena en el mar compatibles con el árido del litoral castrillonense. El volumen de arena de los dragados que se podría aprovechar para su uso productivo apenas sería de un 14 por ciento. La previsión, es que cada año se draguen unos 60.000 metros cúbicos; un total de 240.000 metros cúbicos en cuatro años.
