"El impuesto de sucesiones es muy sentimental y presenta diferencias importantes entre las comunidades autónomas: es una jungla normativa ya que se puede llegar a pagar cien veces más por morir en un lugar del país a otro", señaló Miguel Antonio de la Fuente Rodríguez, decano del Colegio de Economistas de Asturias, durante la charla que ayer ofreció en Avilés sobre el impuesto de sucesiones, organizada por la Asociación La Serrana.
Acompañado por el también economista Víctor Manuel Egea González, De la Fuente propuso ante el auditorio una vía para allanar las desigualdades entre las zonas geográficas. "El impuesto, que es estatal pero cedido a las comunidades autónomas, no se aplica con igualdad; el Estado no tenía que haber dejado las competencias a las autonomías, así que la mejor solución sería que coordinase un mínimo de reducción para todas ellas y una mínima tarifa impositiva. Y aquellas comunidades que deseen aumentar la tributación, que lo hagan para hacer frente a los gastos públicos", observó el también vocal de la Comisión Permanente del Consejo General de Economistas.
En la charla que congregó a numeroso público, el experto hizo un repaso a la historia de este impuesto que aparece por primera vez en España en el siglo XVIII y que durante el XIX fue abolido, reimplantado y modificado varias veces. A finales de los años 50 y principios de los 60, indicó, "la tarifa aumentó su progresividad, se podía llegar a pagar hasta un 84% si la herencia superaba los 100 millones de pesetas y el parentesco fuera más alejado del cuarto grado".
Un aspecto que marca este impuesto es el lugar de tributación, allá "donde el causante tiene su residencia habitual", apuntó, para resaltar que se trata de un tema que puede ser "conflictivo" ya que "cuando no existe certidumbre de esa residencia habitual el contribuyente tiene que probar con datos objetivos el lugar donde reside". En este sentido, aclaró que "los intereses personales y económicos son primordiales para determinar esa residencia".
