Comienzan los movimientos para intentar salvar del cierre de Alcoa a la comarca avilesina. El presidente del Principado, Javier Fernández, y la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, no esperarán: mañana se reunirán con el comité de empresa de la planta de Avilés para intentar trazar una estrategia de batalla contra la decisión de la multinacional de poner fin a su estancia en Avilés y Coruña, acabando así con más de 600 empleos directos.
Lo hacen después de que hoy saltase la noticia que nadie quería escuchar en Asturias. Alcoa anunció el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña. Los peores presagios se han cumplido y tras años en la cuerda floja, la compañía estadounidense ha decidido echar el candado a las dos plantas de aluminio primario, que generan 686 empleos directos, la mitad en Avilés. Los gobiernos de Asturias y Galicia se mantienen en contacto para intentar pactar una respuesta coordinada. Y la plantilla no está dispuesta a dar su brazo a torcer: si mueren lo harán matando y hoy han respondido de forma contundente criticando las formas de la empresa y culpando a los gobiernos estatatales al entender que la política energética va contra los intereses del empleo en la industria.
Javier Fernández y Núñez Feijoó se reunirán el próximo viernes, a las cuatro y media de la tarde, en la sede de Presidencia, para analizar la situación y coordinar la respuesta de ambos gobiernos tras el anuncio de Alcoa de cierre de sus plantas de Avilés y La Coruña. Asimismo, Javier Fernández ha telefoneado esta mañana a las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera para solicitar una reunión con ambas para abordar también este asunto, según han confirmado fuentes de la presidencia.
Los comités de los tres complejos alumineros españoles (Avilés, La Coruña y San Ciprián) estaban convocados este mediodía a una reunión urgente. La compañía les ha trasladado la intención de iniciar un periodo formal de consultas en el marco de un proceso de despido colectivo que afectará a todos los empleados de las dos plantas.
En el plazo de dos semanas, la compañía iniciará el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para "alcanzar el mejor acuerdo posible para ambas partes". El plazo máximo es de 30 días naturales.
"La compañía es consciente del enorme impacto de este anuncio en sus empleados, familias y en las comunidades en las que se ubican estas plantas. Precisamente, y con objeto de paliar las repercusiones de este anuncio en los empleados afectados, Alcoa se compromete a ofrecer un plan social para alcanzar el mejor acuerdo posible para ambas partes, la compañía y los trabajadores", recoge un comunicado interno de la multinacional al que ha tenido acceso este periódico.
Alcoa sostiene que "las plantas adolecen de problemas estructurales intrínsecos: una menor capacidad de producción, una tecnología antigua y menos eficiente y unos costes fijos elevados que hacen que no sean competitivas".
Estos factores estructurales, unidos a factores externos del mercado, como el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía, han generado pérdidas significativas en estas plantas en los dos últimos años, argumenta la multinacional, unas "pérdidas que previsiblemente continuarán".
El Gobierno regional habla ya de "decisión insólita" y sostiene que "no se puede ligar a la factura eléctrica porque ha bajado gracias a las subastas de interrumpibilidad". Igualmente, la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha mostrado su enfado y anunció que lucharán "hasta el final" por el mantenimiento de la planta.
El comité de empresa, que recibió un comunicado interno firmado por el presidente de la compañía,: "Se están cargando la industria asturiana", afirman los representantes de los trabajadores. La plantilla ha manifestado su malestar por "las formas" en que se ha comunicado la decisión de la mulitinacional: "El director de la fábrica nos ha leído un comunicado interno que lleva la firma del presidente de Alcoa, Tim Reyes".
El comité se temía importantes ajustes, pero no el cierre definitivo: "El día 31 se inicia el periodo de consultas y sobre la mesa no hay ninguna alternativa al despido colectivo", ha apuntado su presidente, Sergio Sobrido.
"Quien tiene capacidad para evitar este tipo de situaciones es quien está alimentando la deslocalización de las empresas, los gobiernos centrales, tanto el anterior del PP como el actual del PSOE, con políticas encaminadas al cierre de la industria electrointensiva", señaló Sergio Sobrido (USO).
"La situación es muy complicada, tenemos una compañía que se comporta como un grupo inversor. Hay pérdidas en aluminio, pero como grupo están ganando dinero a patadas. Los diferentes gobiernos no han hecho nada para que los costes eléctricos sean asumibles. Se están cargando toda la industria asturiana y lo están haciendo conscientemente", sentenció el portavoz de CC OO en el comité, José Manuel Gómez de la Uz.
"Este no es un problema solo de Avilés o de Asturias, sino estatal, del Gobierno de España. Debe buscar una solución para que no desaparezca la industria del aluminio en España. O se busca un comprador o se nacionaliza la empresa. A no ser que el Gobierno (de Pedro Sánchez) tenga un acuerdo con la compañía de tal manera que permita a la empresa irse libremente a cambio de que la Ministra tenga un argumento fácil para ese cierre de las térmicas que tanto quiere", criticó Daniel Cuartas, de la UGT.
José Antonio Jaquete, delegado sindical de A. P. C., añadió: "Si se cumple con el cese de actividad va a ser muy duro no solo para todas las familias afectadas por los despidos, sino para toda la comarca de Avilés"."Semana negra" para la industria asturiana
La patronal asturiana habla de "semana negra" por el anuncio de Alcoa, los recortes en la línea de galvanizado de Arcelor-Mittal y el incidente de las baterías de coque de Avilés. "Es una muy mala noticia para Asturias", dijo el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) sobre el anuncio de cierre de Alcoa. "Debemos respetar la decisión de la compañía", señaló Belarmino Feito, que confía que aún "pueda haber algún tipo de solución" que permita a la compañía estadounidense "dar marcha atrás". Pero lo ve complicado: "Lo vemos difícil por el escenario actual. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que las industrias electrointensivas y las grandes consumidoras necesitan un escenario de precios de la energía competitivo, estable y predecible. Nos encontramos justo en el lado opuesto. Hay una escalada de precios, una incertidumbre total sobre el futuro de precios de la energía dados los anuncios recientes sobre la desaparición del carbón del mix energético. Las propias eléctricas han reconocido que va a suponer un encarecimiento de la energía. Para una planta como la de Alcoa, donde más del 40% del coste de producción es el precio de la energía, esto tiene mucho peso a la hora de tomar una decisión", opina Feito.
La historia de la aluminera
Alcoa adquirió al Estado la entonces Inespal (antes Endasa) en 1998. Según fuentes del sector, fue un "chollo" para los americanos por las condiciones del acuerdo. El Estado vendió Inespal por unos 400 millones de dólares, pero 200 se cancelaron como deuda y el acuerdo incluyó un contrato eléctrico que ató las arcas públicas durante años.
Con el fin de la tarifa eléctrica G-4 (de las que se beneficiaron Alcoa, Azsa y Arcelor), la aluminera comenzó a amenazar con la deslocalización. Fue en 2014, tras la primera subasta eléctrica, cuando Alcoa presentó un ERE de extinción para Avilés y La Coruña, que acabó retirando tras lograr una segunda puja.
Alcoa volvió a alertar de ajustes en sus plantas españolas en 2015 tras la subasta eléctrica del año anterior, y en 2016 trascendió un posible proceso de venta que finalmente no fructificó.
Los representantes de los trabajadores venían alertando en las últimas semanas de que la situación en la planta de Avilés era ya "crítica". Sus peores presagios se han cumplido.
