El Principado calificó de "insólita" la decisión de Alcoa de cerrar su planta de Avilés, y considera que la clausura no se puede justificar con un posible aumento de la factura eléctrica porque, precisamente, ésta ha bajado para la compañía durante los últimos años. Esa incredulidad se la manifestó esta misma mañana el propio presidente del Gobierno regional, Javier Fernández, al líder de la multinacional en España, Rubén Bartolomé, según desveló hace unos minutos el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez.

"Le ha manifestado su desagrado por su insólita forma de proceder porque hasta ahora no habían advertido por ninguna vía que la clausura de la factoría estaba entre sus planes inmediatos", destacó Martínez. El Gobierno regional tiene previsto hacer una frontal oposición al cierre de la planta avilesina e hicieron un llamamiento a la dirección para que reconsidere esta decisión tan negativa para los trabajadores, sus familias y para la comarca de Avilés. "Volveremos a defender, como ya hicimos en 2014, la continuidad de la planta de Avilés", destacó Martínez.

Según Martínez, son tres los argumentos los que usa Aloca para justificar el cierre. Primero, el precio de la energía; segundo el de las materias primas; y tercero la falta de ineficiencia de las instalaciones. Según el portavoz del Gobierno asturiano, el precio de la energía se ha ido atenuando gracias a "las distintas subastas competitivas, y para este año está previsto otra".

En relación a la materia prima "es un factor global que afecta a todas las empresas", y sobre las instalaciones ineficientes dijo que esta era solo una cuestión achacable a la propia empresa.

El Principado está haciendo ya gestiones con el Ministerio de Industria, el Gobierno de Galicia (donde Alcoa también va a cerrar la planta de La Coruña) y con la propia dirección de la empresa. Y va a convocar de inmediato una reunión con la patronal y los sindicatos para abordar la situación de la industria asturiana.

También quiso Guillermo Martínez desligar esta decisión del proceso de transición energética que pretende acelerar el Gobierno central y que conllevaría un cierre de las térmicas y, consecuentemente, un incremento del precio de la electricidad, según ha denunciado reiteradamente el Principado.