La instrucción del caso "Pokémon" -el que busca desentrañar el pago con regalos por beneficios públicos ligados a contratos del servicio del agua- la ha llevado la jueza Pilar de Lara en Lugo durante más de un lustro, pero terminará en Avilés. Lo acaba de ordenar el magistrado Pablo Llarena -que también investiga a los líderes del proceso independentista catalán- por medio de un auto que el juez de la sala de lo penal del Tribunal Supremo redactó como ponente.
Esto significa que la instrucción de las relaciones comerciales presuntamente ilícitas que la compañía Aquagest estableció con varios municipios del Principado deberá continuar en Avilés hasta junio, fecha tope impuesta por el Supremo. Llarena propone que sea el juzgado Número 3 local -el mismo que ha investigado a Aquagest, en esta ocasión, en relación con las piscinas de Corvera-. Según fuentes cercanas a la investigación, la posibilidad de que al final termine siendo el 3 está pendiente del turno. Y es que el caso corverano está señalado, es decir, ya tiene fecha para la celebración de su juicio (será el más largo de la historia reciente del partido judicial avilesino).
La explicación de que una investigación abierta en Lugo hace media década concluya en Avilés la ofrece Llarena en su auto: "Los hechos investigados no pueden considerarse que afecten a la seguridad del tráfico mercantil, ni a la economía nacional, ni tampoco que se haya producido un perjuicio en una generalidad de personas que residan en el territorio de más de una audiencia". Llarena sostiene esto de acuerdo con la Audiencia Nacional.
De Lara se sumergió en las relaciones de Aquagest con municipios de su jurisdicción. El manto de la investigadora pasó de la provincia de Lugo a municipios en otras provincias gallegas. De ahí saltó a Cangas del Narcea y a Avilés u Oviedo. Esto es, la investigación sobrepasó la comunidad autónoma. Este es el argumento que sostuvo De Lara para desprenderse de lo avanzado -después de muchas solicitudes parcial o tardíamente atendidas-. A esto es a lo que se niega Llarena: no tiene que ir a la Audiencia, no es su sitio. Y tampoco es su sitio porque la cuantía sometida a escrutinio público -cuatro millones en Galicia- "está muy lejos de los siete millones" sobre los que los juzgados centrales podrían actuar. "Se dice en el auto [el de De Lara] que falta conocer la cuantía de la defraudación en Asturias, en Valencia y en Murcia". Llarena presupone que la cuantía de las otras comunidades autónomas es corta porque, pese a los años de instrucción, aún no ha sido cuantificada. Y, además, existe otra causa paralela (la de las piscinas de Corvera, que se juzgará el próximo otoño). "Por tanto, es indiferente cuál sea la cuantía de la defraudación ocasionada". O sea, que el Tribunal Supremo le indica a la magistrada De Lara que "lo lógico es que con relación a esta parte de la investigación [la de Asturias] se proceda a la inhibición [del juzgado de Lugo] a favor del juzgado de instrucción número 3".
La investigación, como señala Llarena en su auto, comenzó en Lugo en 2011. La jueza De Lara averigüó "actividades presuntamente delictivas de Aquagest en Galicia". En el relato de Llarena se señala también que "directivos de dicha sociedad, en connivencia con funcionarios y autoridades públicas, influyeron y organizaron los pliegos de condiciones de los concursos para favorecer a la empresa; y asimismo, amañaron concursos públicos negociados sin publicidad". Todo esto devino en el establecimientos de escuchas a varias personas vinculadas tanto a la política como a la empresa. Entre los imputados principales destacan el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, el exdiputado del PP Joaquín Aréstegui y su esposa Carmen Vega -exconcejala en Avilés-. También altos ejecutivos de la compañía Aquagest y algún empleado comercial, entre ellos, Henry Laiño, que también está imputado en el caso de las piscinas.
