Aunque sigue siendo incierto, al menos parece que el campo de golf de Los Balagares tiene futuro. En total seis empresas, más una que ya ha renunciado, han pujado en una subasta pública para hacerse con la gestión de las instalaciones municipales, pero gestionadas por la empresa Dolabay desde una concesión en el año 2006 y que ahora pretende cerrar tras echar a la subarrendataria, Global Golf. Paralelamente, el Ayuntamiento y los socios de Los Balagares han pactado una actuación conjunta para mantener el recinto abierto en el caso de que al final ninguna de las compañías se haga con las instalaciones.

A la subasta pública han accedido siete empresas. La que hizo la mayor puja ha rechazado hacerse cargo de la gestión. La pelota está ahora en el tejado de la que hizo la segunda puja más alta. Tiene un periodo de 14 días a partir de hoy para confirmar si finalmente se hace cargo de la cancha. Si sociedad se esfumara, la opción pasaría a la siguiente y así sucesivamente hasta que una de ellas diga que sí o todas digan que no.

En ese escenario, el alcalde, Iván Fernández, ha pactado un plan de actuación conjunta con los socios del club de golf para buscar una fórmula para no cerrar Los Balagares. "En la media que la legalidad lo permita, buscaremos mantener el campo porque es un patrimonio del concejo", aseguró el primer edil.

En el encuentro, también se trató el despido, efectivo desde hoy, de los nueve trabajadores del campo de golf, tras recibir por carta el aviso de Dolabay antes de ayer. Con la hipotética entrada de nuevos gestores, el consistorio se ha comprometido a mediar con ellos para pedir que subroguen su actual contrato. "No queremos que pierdan su trabajo y nadie mejor que ellos para conocer las necesidades del recinto", aseguró Fernández.

A pesar de todo, la sartén la sigue sosteniendo Dolabay. Tras lograr expulsar a la subcontrata que ella misma buscó, la intención de la empresa es cerrar el campo, de propiedad municipal, aunque gestionado por ellos desde el año 2006 por una concesión de medio siglo a razón de 250 euros al mes. Ahora bien, una cosa es la intención y otra demostrarla.

"Tenemos que exigir a Dolabay que cumpla, y usaremos todos los medios que tengamos a nuestra disposición, pero hasta que no se demuestre que están incumpliendo el contrato, no podemos entrar ahí porque los damnificados seríamos nosotros", puntualizó Fernández.

Para ello, la labor de vigilancia de los socios se antoja fundamental y según lo hablado en la reunión de ayer, estos voluntariamente se encargaran de fiscalizar la labor de Dolabay al frente del campo de golf de Los Balagares, un recinto que, aunque sigue teniendo un futuro incierto, al menos ahora tiene una hoja de ruta para evitar el cierre.