La próxima subasta de interrumpibilidad, el mecanismo que compensa a empresas dispuestas a interrumpir su consumo eléctrico en caso de necesidad para el sistema, se celebrará del 10 al 14 de diciembre próximos y en ella saldrán a puja, en diferentes lotes, 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible. La subasta cubrirá el periodo correspondiente al primer semestre de 2019, indicaron hoy a Efe fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
Esta nueva subasta se va a celebrar en un momento en el que una de las grandes industrias electrointensivas que más ha percibido por interrumpibilidad ha anunciado el cierre de dos de sus tres plantas en España, la aluminera Alcoa. La multinacional pasó en junio el proceso de validación para participar en la puja con las tres fábricas: las de Avilés, La Coruña y San Ciprián.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el pasado jueves tras una reunión en la que participaron la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera; los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Asturias, Javier Fernández, junto a los alcaldes de La Coruña y Avilés, localidades donde se ubican las dos fábricas que Alcoa quiere cerrar, que el Gobierno activaría antes de fin de año la subasta de interrumpibilidad. Cuando la multinacional estadounidense anunció que abandonaba la actividad en esas plantas y que procedería a un despido, adujo, entre otras razones, el coste de la energía.
Alcoa ha sido una de las mayores beneficiarias de esta subasta y en la última década percibió 1.000 millones de euros por la potencia interrumpible que se adjudicó en las pujas, según fuentes del sector.
Los pagos por interrumpibilidad bonifican a las empresas que están dispuestas a suspender su consumo en caso de necesidad y, desde 2014, se reparten mediante subastas en las que los distintos lotes se adjudican a las empresas que presentan las pujas más competitivas.
En la última subasta, celebrada entre el 21 y el 23 de mayo pasados y que asignó 2.600 MW de potencia interrumpible para el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018, participaron 123 pujadores.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, AEGE, criticó el resultado de esa subasta por suponer un "drástico recorte" en la retribución anual del servicio de 209 millones de euros al año, un 40 % menos que en 2017, y advirtió que esto repercutiría en la competitividad de las industrias electrointensivas. En esa ocasión, se asignaron 345 lotes que sumaban 2.600 MW, con una media ponderada de asignación de 105.863 euros por megavatio y año.
Además, Sidenor Aceros Especiales y Siderúrgica Balboa interpusieron ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra la orden que reguló la subasta por considerar que el mecanismo no era competitivo y se había ajustado sólo en beneficio de unos pocos.
También la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Aspapel, denunció que las condiciones de esa subasta había hecho prácticamente imposible que las papeleras prestaran el servicio.
La interrumpibilidad es un mecanismo de ajuste del sistema por el que empresas con gran consumo de energía están dispuestas, a cambio de una retribución, a suspender su consumo en caso de que sea necesario para la seguridad de suministro eléctrico, aunque este año empezó a aplicarse también para controlar los precios de la electricidad, después de que el Gobierno aprobara un real decreto para ampliar el uso de la potencia interrumpible.
Hasta finales de mayo se habían emitido ya más de 600 órdenes de interrupción por criterios económicos, según datos de AEGE.
