Carlos Martínez, Víctor Calota, David Román y David Peláez, cuatro de los 50 extrabajadores de Imsa afectados por una intoxicación con mercurio en Asturiana de Zinc (Azsa), abandonaron ayer la huelga de hambre que iniciaron hace 19 días tras conseguir que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la mutua Fremap aceptaran firmar un convenio para garantizar su atención sanitaria "de por vida". El anuncio fue recibido con aplausos y "enhorabuenas" por los familiares y amigos que acompañaban a los damnificados en el campamento instalado a la puerta de la fábrica. El cansancio y la falta de fuerzas se notaba en sus caras; ahora toca empezar a comer alimentos suaves para volver a acostumbrar su cuerpo a la comida.

Eso sí, los afectados no levantarán del todo la acampada por si tienen que volver a realizar una nueva huelga en caso de no llegar a un acuerdo con la otra implicada en todo este incidentes, la empresa Azsa. La semana que viene hay una nueva reunión para intentar acercar posturas. El objetivo: que Azsa asuma los gastos derivados de la atención de un equipo de toxicología especializado.

Además, extrabajadores de Imsa están preparando un viaje a Suiza, a la sede de Glencore, la compañía matriz de Azsa, con el objetivo de conseguir allí lo que Asturiana "nos niega aquí". De ahí también que hayan decidido dejar la huelga de hambre para coger fuerzas y poder afrontar ese viaje con todas las garantías. Está previsto para dentro de unos quince días.

El convenio alcanzado con el Principado y la mutua, que aún no está firmado, detalla la atención especializada que recibirán los intoxicados. Tiene vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, pero se renovará automáticamente "y durante el tiempo que tengan secuelas por metales pesados", explicó Dori Acevedo, portavoz de los intoxicados. "Lo convierte en vitalicio porque las secuelas son de por vida", recalcó Acevedo.

En lo que no consiguieron un acuerdo fue en que los damnificados tuvieran un toxicólogo privado pagado por la administración pública y la mutua. "Según la ley, un equipo médico especialista público no puede estar bajo las órdenes de un toxicólogo privado. En ese punto, tuvimos que ceder, igual que ellos cedieron en lo otro", apuntó la portavoz. Ahora, los intoxicados están buscando financiación para pagar a un toxicólogo que haga los informes que vinculen las secuelas que padecen con la intoxicación.

"La caseta va a quedar aquí, esperamos que no haga falta volver. Pero si es necesario, aquí estaremos", advirtió Carlos Martínez. Ayer ya comenzó a ingerir alimentos, pero sobre todo lo que quería era estar en casa con su familia. Quiere dejar atrás las eternas horas famélicas en una tienda de campaña.