Las consecuencias para la Autoridad Portuaria de Avilés si aplica la declaración de impacto ambiental que le obliga a sufragar aportes de arena a la playa de Salinas pueden ser catastróficas y suponer la marcha de alguna de las empresas que operan en los muelles locales. La razón: tendría que aumentar cada año en torno a un 7,5 por ciento las tasas portuarias que abonan las compañías para poder, a su vez, pagar los dragados y la búsqueda de arena, que ascenderían a unos 700.000 euros anuales.

"El Puerto se juega su futuro. Si tenemos pérdidas por estar obligados a pagar esos dragados y las condiciones que nos imponen desde la Dirección General de Biodiversidad, tendremos que subir las tarifas. Y si el Puerto es caro e incómodo, algunas empresas buscarán la manera de operar desde otros lugares", afirmó ayer Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria. Tanto él como el director del Puerto, Rubén Marín, criticaron las condiciones impuestas a la entidad para poder realizar dragados y confiaron en que ahora funcione la "vía política" y el Consejo de Ministros atienda sus demandas tras presentar sus discrepancias con el informe realizado por el Ministerio de Transición Ecológica.

"Espero que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tenga una mayor incidencia que hasta ahora en la fase administrativa. Espero que en el Consejo de Ministros se pondere la declaración ambiental y confiamos en que en esa situación, la Dirección general de Biodiversidad no mantenga una defensa numantina de su declaración sino que tenga el mismo tono que cuando nos dijo de palabra que se podría modificar la declaración. Y de ahí, el papel tan importante que puede jugar Hugo Morán", aseveró Rodríguez Vega. Ahora, el Consejo de Ministros tiene 60 días hábiles para dar una respuesta al Puerto de Avilés.

Rubén Marín reiteró que la Autoridad Portuaria está dispuesto a asumir las medidas mitigadoras o compensatorias necesarias para poder acometer los dragados pero siempre que estas sean "proporcionales a los efectos causados, eficaces en el uso de fondos públicos y compatibles con la viabilidad del puerto".

"La declaración incurre en falta de proporcionalidad e ineficacia, obligando al Puerto a asumir unos costes de entre 1,2 y 3,8 millones de euros para una compensación de arenas de tan solo 48.000 metros cúbicos en cuatro años (12.000 metros cúbicos por año)", apuntó Marín. El director del Puerto afirmó que esa cantidad que tiene que aportar el Puerto es un "grano" de todo lo que necesitaría la playa de Salinas para su regeneración, en torno a un millón de metros cúbicos. Explicó que Salinas pierde unos 300.000 metros cúbicos al año por los temporales.

Lo que plantea el Puerto a cambio de no tener que hacer esos aportes es crear una "Cuenta de provisión de fondos para el cumplimiento de la declaración ambiental". En ella, se incorporaría dinero en función de la arena con la que se deba compensar el sistema de la playa "valorada a un precio". "El dinero de esa cuenta, que se irá incrementado anualmente en función de la arena que salga del sistema como consecuencia el proyecto de dragado, únicamente podrá ser empleado en actuaciones con impacto positivo en la playa de Salinas, como la regeneración de la playa, la prolongación del dique de San Juan u otras actuaciones tendentes a retener la arena, que deberán ser realizadas en coordinación con la Dirección General de Sostenibiliad de la Costa y el Mar", explicó Marín.

Tanto el director como el presidente recalcaron lo injusto que es para la Autoridad Portuaria tener que asumir competencias que no le corresponden en la protección y análisis de la playa de Salinas. "La declaración del Ministerio admite que la influencia del dragado del puerto en la merma de la playa de Salinas es de entre el 11 y 14 por ciento pero nos obligan a reponer todo y a hacer informes sin tener conocimientos ni medios", sentenció Marín.