Alcoa se sentó ayer con el Gobierno en la mesa tripartita con la que políticos y sindicatos en caso de que la multinacional estadounidense eche definitivamente el cierre, entre ellas la venta a posibles inversores. La multinacional, al fin, se sentó en esa mesa, tras reiteradas convocatorias y ausencias en las últimas semanas, y una vez reducido el número de participantes. Ya no están en ella representantes de los gobiernos autonómicos (el Principado y La Xunta) ni locales (los ayuntamientos de Avilés, Gozón y La Coruña).

Fuentes ministeriales se limitaron a apuntar que se trata de un encuentro más "de las muchas reuniones que se celebran a diario para ayudar a resolver los problemas de algunas industrias y comarcas, como se ha logrado con el caso de Vestas". La compañía, por su parte, incidió en que se trata de "un canal de comunicación con el Ministerio de Industria y los representantes de las federecaciones de industria de los sindicatos" mayoritarios. Alcoa también sostiene que, "independientemente, mantiene una comunicación fluida con las distintas instituciones implicadas en los diferentes niveles y ámbitos".

Los sindicatos mayoritarios valoraron la constitución definitiva de esa mesa, aunque en CC OO afearon que las centrales vayan a participar en esa mesa "como invitados": "Queremos estar ahí como miembros de pleno derecho".

Red Eléctrica comunicó ayer el número de bloques por el que podrán pujar las empresas en la subasta de interrumpibilidad que se celebrará a partir del lunes en Madrid, y en la que participarán Alcoa, Asturiana de Zinc (Azsa) y Arcelor-Mittal. Saldrán a subasta 352 bloques de 5 megavatios y 21 de 40 megavatios, los que más interesan a estas compañías dado su elevado consumo eléctrico. Son cuatro bloques menos de 40 megavatios que en la anterior convocatoria, lo que ha hecho saltar las alarmas en el comité de empresa de Avilés. "La Ministra (de Transición Ecológica) Teresa Ribera es una kamikaze, se quiere cargar toda la industria electrointensiva. Con esa reducción de bloques no solo peligran Avilés y La Coruña, también San Ciprián. No están haciendo absolutamente nada, que no nos engañen... se quieren cargar la industria electrointensiva", protestó su presidente, José Manuel Gómez de la Uz.