Una vez más, la adjudicación de las obras para demoler la ampliación de un chalé en Salinas declarada ilegal ha quedado desierta. Es la segunda licitación que no suscita el interés de ninguna empresa y la tercera que convoca el Ayuntamiento. El contrato salió a licitación en 145.775 euros. "Voy a pedir un informe a los servicios jurídicos municipales para ver qué podemos hacer para cumplir la sentencia", señaló ayer la alcaldesa y responsable de Urbanismo, Yasmina Triguero.
Una sentencia del pasado 19 de noviembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimó el recurso de apelación presentado por los propietarios del chalé y por el Ayuntamiento contra un auto del pasado mes de julio que, su vez, desestimó "la concurrencia de un supuesto de imposibilidad material de ejecutar la sentencia, acordando en consecuencia ordenar su completa ejecución en los exactos términos acordados en la misma y, por lo tanto, con la demolición de las obras amparadas en la licencia anulada".
El primer proyecto de demolición se adjudicó en agosto de 2017 a la empresa Copcisa por unos 100.000 euros. Tras el acta de replanteo se introdujeron unas modificaciones que suponían un incremento del coste del derribo, por lo que se decidió volver a sacar a licitación la obra.
El pasado mes de agosto, se abrió el plazo de presentación de ofertas con un nuevo presupuesto que ascendía a 179.930 euros. Tras finalizar el plazo, no se presentó ninguna oferta. Un nuevo intento en las últimas semanas también quedó desierto. En este caso la tramitación se realizó por el sistema de negociado sin publicidad. "Al quedar desierto la ley nos permite invitar al menos a tres empresas para que participen en la licitación de la obra", indicó entonces la Alcaldesa. El derribo de las zonas ampliadas de la casa fue decretado por sentencias judiciales.
El chalé afectado es propiedad de la familia de Pepe Rivero, exportero del Sporting de Gijón. Los fallos judiciales se basaron en un artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castrillón aprobado en 2001, que daba un plazo de ocho años para ejecutar las ampliaciones o modificaciones de las viviendas que tuvieran un aprovechamiento urbanístico menor del asignado en el Plan urbano. La aplicación de ese artículo -ya derogado- se esgrime en la sentencia del TSJA para fallar en contra de la ampliación del chalé. La junta de gobierno local, entonces formada por la coalición IU-PSOE, otorgó la primera licencia de ampliación en octubre de 2010. En diciembre de 2011 se otorgó otra.
