La madeja de intereses opuestos tejida en el Poblado de Pescadores parece que comienza a desliarse, y según la cofradía "Virgen de las Mares" -la entidad propietaria del barrio- lo hace de forma satisfactoria para sus intereses, que no son otros que subir sustancialmente las bajas rentas que pagan algunos de los inquilinos o vender los inmuebles, y todo dentro de un plan de supervivencia que evite la quiebra económica de la institución.
El último cabo desatado en el sentido que desean los gestores de la cofradía lo representan tres familias arrendatarias (todas incluidas en el grupo de 23 sobre el que pesa la amenaza de desahucio) que se han avenido a cerrar tratos extrajudiciales con "Virgen de las Mareas"; en un caso, los inquilinos han entregado la vivienda; en otro, han manifestado su intención de comprarla; y en el tercero, el acuerdo pasa por aceptar el pago de la renta que fija la cofradía, y que supone un incremento medio del alquiler de unos dos euros a doscientos. "Nos congratula llegar a acuerdos al margen del Juzgado porque, como hemos dicho desde el principio, nuestra preferencia es ésa; y en ese sentido, seguimos abiertos al diálogo con todos los afectados", aseguró el patrón mayor, Tomás Badiola.
No obstante, y dado que ni mucho menos todos los arrendatarios parecen estar por la labor de aceptar las nuevas condiciones de arrendamiento que plantea "Virgen de las Mareas", la cofradía mantiene la presión judicial: en los últimos días ha formalizado cinco nuevas demandas de rescisión de alquiler, que en caso de prosperar supondrían el desahucio de los demandados (una viuda, un trabajador en activo y tres jubilados).
A esto se opone el abogado Manuel Barba, representante legal de los vecinos del Nodo, quien se mantiene firme en su teoría de que la cofradía carece de razones jurídicas para privar del uso de las viviendas a los beneficiarios natos de las mismas: gentes de la mar y sus familias.
