La conflictiva familia residente en un cuarto piso del número 5 de la calle Hermanos Soria del Carbayedo a la que se impuso la semana pasada, como pena por un delito probado de coacciones, una orden de alejamiento de 500 metros con respecto a sus vecinos orden de alejamiento de 500 metrodel quinto, además de otra pena de tres meses de multa a razón de seis euros diarios, volvió a pisar ayer el Juzgado, esta vez para responder en vista oral de sendas denuncias por amenazas. Los hechos, negados en todo momento por los demandados, tienen su origen en el hallazgo en el buzón de la familia demandante de una nota anónima que vertía amenazas de muerte y en amenazas graves, éstas proferidas verbalmente dentro de la casa, que tenían como destinatario al hijo de la pareja, de tres años.

Una madre y su hijo que acumulan una treintena de denuncias relacionadas con problemas de convivencia, además de otra decena cursada por ellos mismos contra sus vecinos de bloque, son los que responden de los presuntos delitos de amenazas. Del primero, la prueba fundamental que aportó el abogado de los demandantes, Antonio Urrutia, es un escrito que reza: ""Un vecino/a que te kiere mucho, la próxima vez que se moleste al vecindario, se ralle(n) buzones, se raye(n) coches, te voy a matar, no es una amenaza, es una adbertencia, estoy muy loco/a y te voy a hacer la vida imposible".

En cuanto a la amenaza verbal, la misma se produjo, según la versión de la familia denunciante, "un día por la noche, cuando sin venir a cuento oímos un golpazo fortísimo en el suelo, como dado con un bate, y a continuación un grito: 'Me cago en el crío de dios, os lo voy a matar'". Las presuntas víctimas de los hechos -ayer arropados en el Juzgado por familiares y otros vecinos del edificio- relataron a la jueza que su vida comenzó a ser un "infierno" cuando se mudaron al número 5 de la calle Hermanos Soria y que llegaron a sentirse "aterrorizados" por las amenazas de que fueron objeto y, en general, por la tensión que se generó con la familia que habita el piso inferior al suyo.

Antonio Urrutia solicitó para cada uno de los delitos las penas máximas que prevé la ley, dada la reincidencia: órdenes de alejamiento de 500 metros durante seis meses y multas de seis euros diarios durante tres meses. De confirmarse, estas penas se acumularían a las ya impuestas la semana pasada cuando las mismas adquieran firmeza.

Los demandados, que se presentan como las verdaderas víctimas de este conflicto vecinal cada vez más enconado, declararon que en la fecha en que los demandantes hallaron la nota en su buzón estaban "fuera de Avilés" y que la amenaza verbal no fue proferida por ellos. Su abogado proclama la inocencia y pide la absolución.