La demanda de una solución al conflicto laboral abierto en la empresa Chemastur -que despidió de repente a una cuarta parte de su personal- ha llegado a las alcaldesas de Avilés y de Castrillón -Mariví Monteserín y Yasmina Triguero, respectivamente- y a la Autoridad Portuaria. Representantes del SOMA y de Comisiones Obreras (CC OO) trasladaron a los dirigentes políticos la dificultad para hacerse "con un plan industrial" y es que ambas centrales sostienen "que no existe", señaló Nacho Requena. "Los despidos no corresponden a una situación económica mala: es un ajuste de cuentas con los sindicatos de clase", añadió. "Quieren hacernos creer que externalizar el mantenimiento es más barato que ahora", apuntó.
Santiago Rodríguez Vega, presidente del Puerto, explicó que "solicitará el plan industrial en tanto en cuanto la empresa se encuentra en suelo de dominio público portuario". "Desde ese punto de vista, nos interesa la viabilidad de la compañía", reconoció. Tanto SOMA como CC OO aseguraron que la empresa les había comunicado "que sólo iba a dar el plan industrial al juez o a los accionistas". Esta respuesta transmitida por los sindicatos a los responsables políticos "causó sorpresa, sobre todo en estos tiempos que corren" , indicó Rodríguez Vega.
El presidente del Puerto presidió ayer el último consejo de administración del año. En él se abordaron algunas concesiones y autorizaciones además de los datos de noviembre de los movimientos portuarios. Las 328.333 toneladas cargadas y descargadas el mes pasado permiten al Puerto acumular ya 4,53 millones de toneladas -un 3,02 por ciento más que en 2017- y hacen prever que al final de año se rozarán o se traspasarán por poco los cinco millones de toneladas. "Todo dependerá de los barcos que finalmente lleguen hasta el día 31", afirmó Rodríguez Vega.
