Alcoa plantea despedir a dos tercios de los más de 700 trabajadores de las plantas de Avilés y La Coruña a partir del próximo martes. La multinacional propone a los comités mantener operativas las fundiciones de Avilés y La Coruña, con 200 trabajadores, y abrir un periodo de venta hasta el 30 de junio. Para eso, hay que llegar a un acuerdo antes del día 15, en cinco días, cuando concluye el periodo de consultas del ERE de extinción.
Esta es la propuesta que ha puesto esta mañana sobre la mesa la multinacional estadounidense: compromiso por parte de los representantes de los trabajadores para que no haya demandas colectivas en el proceso y que exista unanimidad en el acuerdo a cambio de mantener operativas las fundiciones de Avilés y Coruña más la torre de pasta de Coruña, con empleo para unos 200 trabajadores.
La multinacional exige como condición un cese ordenado de las cubas para la posibilidad de rearranque para un posible inversor hasta el 30 de junio. De no haber tal rearranque se procedería a la demolición de las series.
El cese ordenado comenzaría en los 30 días siguientes a finalización del periodo consultas, es decir, a mediados de febrero, con el compromiso por parte de Alcoa de abrir un periodo de venta activa hasta el 30 de junio.
Desde el cese de la actividad en electrolisis, el personal afectado sería incluido en un ERTE con las condiciones de los despidos ya pactadas a la firma del hipotético acuerdo, sujeto a validación por el Ministerio Trabajo y basado en la búsqueda de posibles inversores para las plantas.Las condiciones sociales afectarían a las personas que ya no pertenecerían a Alcoa si después del 30 Junio no hay inversor. Como plan social ofrecen prejubilaciones, recolocaciones externas y mejora de indemnizaciones. Al personal temporal se le aplicaría la misma indemnización acordada.
"Se trata de una propuesta totalmente intolerable en la que a día 15 de Enero se firman los despidos de más de dos tercios de la plantilla de Avilés sin ningún tipo de garantía de poder revertirlos y coartando a los trabajadores a una defensa legal", sostienen desde el comité.
