Alcoa plantea mantener parte de la actividad en las fábricas de Avilés y La Coruña, pero la propuesta que trasladó ayer a los representantes de los trabajadores en el marco del periodo de consultas del ERE augura pocas opciones para llegar a un acuerdo. La multinacional quiere mantener a 200 trabajadores de los 686 que conforman las plantillas (317 de Avilés y 369 de La Coruña) y continuar con la actividad en las fundiciones. Además, pretende apagar de forma inminente las cubas, pero de forma ordenada para que se puedan reactivar en caso de que un inversor compre las factorías o que haya alternativas de reindustrialización.
Ese parón de las series de electrolisis duraría unos treinta días, y a partir de ahí el resto de la plantilla se iría a casa mediante un ERTE. Si antes del 30 de junio no se hay proyecto inversor, los despidos serían definitivos. Y para que todo este plan siga adelante, los representantes de los trabajadores tienen de plazo hasta el martes para llegar a un acuerdo. Si no lo hay, la compañía tomaría una decisión definitiva antes del 1 de febrero. Si se consigue un pacto pero a 30 de junio no hay venta, Alcoa demolerá las cubas.
Los representantes de los trabajadores mostraron su rechazo rotundo a la propuesta de la multinacional porque no garantiza la continuidad de la actividad y plantearon su contraoferta: que Alcoa analice el impacto económico del cierre de las dos empresas y provisione dicha cuantía al Gobierno, al que además cederá la titularidad de las dos plantas para buscar otro productor. El presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, se mostró rotundo tras la reunión en Madrid: "No hay ningún tipo de proyecto industrial que pueda dar continuidad al cien por cien de la plantilla. Lo que nos plantean es un cierre en diferido que no estamos dispuestos a aceptar. Sólo habrá decisiones cuando veamos un proyecto viable y que dé trabajo al cien por cien de la plantilla. A partir de ahí, podemos negociar".
La reunión en un hotel próximo al aeropuerto madrileño comenzó a las diez de la mañana. La multinacional presentó su propuesta, que pasa por mantener solo las fundiciones de Avilés y La Coruña y la torre de pastas lucense "pese a que son deficitarias".
El periodo de búsqueda de inversores y compradores que puedan hacerse cargo de las plantas o proporcionar alternativas de reindustrialización se prolongaría hasta el 30 de junio y se procedería de forma inminente al apagado de las cubas. Una vez finalizada esta parada programada, los trabajadores que no desarrollen su actividad en las instalaciones que quedarán activas y el personal administrativo o de mantenimiento que sea necesario para esta tarea, se incluirán en un ERTE (regulación de empleo temporal), "con el fin de dar tiempo a la búsqueda de posibles inversores o adquirientes".
La propuesta incluye un plan social, que incluye prejubilaciones, recolocaciones e indemnizaciones superiores a las que se ofrecieron en el inicio del periodo de consultas, así como planes de recolocación externa y convenios especiales. Los contratados temporales percibirían igualmente la indemnización que se acuerde en el plan social. Se aplicaría si a 30 de junio no hay inversor.
Esta propuesta expira el martes. Si no hay acuerdo, el grupo advierte que puede retirarla. Ese acuerdo, además, debe ser unánime y condicionado a que no existan demandas colectivas. Alcoa incide en que "no hay compromiso" por su parte de "rearrancar las cubas en ningún caso". No hay garantía alguna de continuidad.
La multinacional ofrece cincuenta recolocaciones internas en la planta Aluminio Español de San Ciprián derivadas de un Plan de bajas voluntarias incentivadas para los empleados con mayor edad y con preferencia para los trabajadores con mayor edad que no son prejubilables. Para ello plantea causar bajas y ofrecer un plan de rentas a los empleados de San Ciprián mayores de 57 o más años.
La propuesta incluye 22 prejubilaciones entre las dos fábricas que se plantean para todos los empleados de La Coruña y Avilés de 57 años o más a los que ofrece un complemento que, sumado a la prestación por desempleo, alcance un porcentaje de 70% de la retribución neta, hasta los 63 años de edad.
Para el personal no recolocado o no incluido en el plan de rentas, el grupo Alcoa ofrece una indemnización de 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. La oferta incluye un plan de recolocación externa a través de la empresa Lee Hecht Harrison por un periodo de seis meses.
La multinacional obtuvo un "no" rotundo de los representantes de los trabajadores a esta propuesta. Estos no aceptarán ninguna oferta que no asegure la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo. Su contraoferta es la cesión de las fábricas al Gobierno, "para que junto con los Gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia y los respectivos comités de empresa, pueda buscar sin presión alguna otro productor". "La multinacional no ha mostrado el menor síntoma de interés en relación a nuestra propuesta", apuntaron los integrantes de la comisión negociadora, que solicitaron a Alcoa la entrega de compra-venta con el que en 1998 la SEPI vendió el Grupo Inespal a Alcoa.
Empresa y comités están emplazados a una nueva reunión el lunes, día que pretenden cerrar además una reunión con el Ministerio de Industria. El martes será la última del periodo de consultas. Hoy habrá asamblea en la fábrica de San Balandrán, de la que mañana (11.00) partirá una marcha a pie hasta El Parche.
