11 de enero de 2019
11.01.2019
La factoría aluminera, al borde del cierre

Los sindicatos acusan a la firma de ahogar a las dos fábricas

11.01.2019 | 02:45

Los representantes de los trabajadores de Alcoa presentaron ayer en la mesa de negociación un informe contratado por el comité europeo a una consultora que concluye que la propia multinacional pone contras las cuerdas a las plantas de Avilés y La Coruña puesto que es la propia compañía la que abastece a las fábricas de materia prima y la que adquiere la producción al precio que determina el grupo, para ponerla a disposición y facturarla al cliente final a un precio que cuenta con otro margen.

Los consultores no han sido capaces de constatar dicho margen porque la empresa, según recoge el informe presentado ayer, "no ha facilitado la información económica adecuada y suficiente" sobre la contabilidad de Aluminio Español S. L. (la planta de San Ciprián). "Cuando la materia prima de las fábricas de A Coruña y Avilés incrementa su precio empeorando los resultados de éstas, otra parte del grupo, Alúmina Española, mejora los suyos", aseveran los firmantes del documento.

El estudio incide en la dependencia comercial que tienen las factorías de Avilés y La Coruña respecto a Aluminio Español, que es la que adquiere la producción se sendas plantas y las vende al cliente final ("después de establecer un margen que no hemos podido inferir"). También son dependientes del grupo desde el punto de vista productivo, puesto que adquieren su principal materia prima (la alúmina) a Alúmina Española (la planta de San Ciprián, propiedad de una empresa participada por Alcoa Corporation y por Alumina Limited). La multinacional sostiene que las transacciones entre las empresas del grupo se realizan a precio de mercado, pero el informe encargado por los sindicatos aprecia "inconsistencias entre la evolución de los ingresos unitarios medios por tonelada y de la evolución de los precio de mercado". Así, los redactores del informe concluyen que "el ERE está asentado en una gran artimaña fundacional" que consiste en "hacer pasar por razones productivas, técnicas y organizativas lo que es puro análisis económico de costes y beneficios". "Alcoa pretende desviar la atención del grupo a las partes", recoge el estudio, para achacar las supuestas ineficiencias económicas de las plantas a factores externos y no de a sus propias decisiones". "Solo cayendo en esa trampa podríamos pasar por alto los beneficios millonarios del negocio de Alcoa en España", prosigue el estudio.

Las primeras páginas del informe están dedicadas al chollo de la venta de Inespal al grupo Alcoa, en 1998: el precio de vente fue de 410 millones de dólares, de lo que se rebajaron 200 por la modernización de las plantas. Posteriormente se le rebajaron otros cien millones por posteriores reclamaciones y se estipularon condiciones favorables en la factura de la luz durante quince años.

El mismo informe subraya que Alcoa ha fundamentado el ERE en causas productivas, organizativas y técnicas, en vez de económicas, para así desplazar el foco de atención del grupo y situarlo en las fábricas que quiere liquidar, lo que "ha provocado una situación de indefensión material en la representación social".

El estudio pretende desarmar los argumentos que da la multinacional para justificar el cierre. Sostiene que la producción de aluminio está más que garantizada, puesto que la demanda y el consumo será creciente en los próximos decenios, lo que garantiza la viabilidad de la producción de aluminio primario en Europa (en el viejo continente se importa aluminio). También se prevé que su precio se mantendrá al alza, "como mínimo en los 2.200 dólares por tonelada". Sobre el abastecimiento de alúmina, las previsiones pasan porque su precio se estabilice por debajo de los 400 dólares por tonelada en el corte plazo, con tendencia a la baja.

"Lo que se subyace en realidad es una deslocalización de la producción de las empresas afectadas por el despido, puesto que la producción que dejaría de obtenerse no se cubriría con la producción de la empresa Aluminio Español (el complejo gallego de San Ciprián)", concluye el contra informe de los sindicatos. Alcoa cifra en 350 millones la inversión que requiere cada planta para seguir adelante.

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