El Gobierno de España descartó ayer "soluciones contrarias a la normativa europea, como sería la nacionalización de las plantas alumineras de Alcoa" tras conocer el plan de la multinacional para echar a dos tercios de la plantilla de Avilés y La Coruña a partir del martes. Un nuevo jarro de agua fría para los trabajadores de la compañía aluminera norteamericana. El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) insistió en reclamar a a firma "un mayor compromiso en la búsqueda de una alternativa al cierre". Esta alternativa, según indicaron, pasa por que el Estado tenga "la titularidad de las dos empresas". Y es que los trabajadores consideran que el Gobierno de España ha decidido dejar de apretar a la multinacional. "Sin presión, y sin Alcoa, el Ministerio de Industria podría encontrar otro productor que se haga cargo de las dos plantas, junto a los gobiernos autonómicos y a los sindicatos", recalcaron dirigentes de esta central sindical. La plantilla organiza hoy una marcha entre la fábrica y la plaza de España que comenzará a las 11.00 horas.

El Ministerio de Industria, por su parte, remarcó ayer que su objetivo en la pelea es "garantizar los puestos de trabajo y las capacidades industriales de las dos plantas". Para ello, advirtió a los negociadores de que tienen que seguir "trabajando" para "llegar a un acuerdo en este sentido". Esto es lo que van a hacer los próximos lunes y martes en Madrid. El día 15 se acaba, en principio, el período de consultas. A partir de entonces, la compañía tiene quince días para empezar a mandar las cartas a sus despedidos (en torno a quinientas personas).

Alcoa propone ahora la continuidad de las fundiciones de Avilés y La Coruña y la torre de pastas gallega. "Aunque estas instalaciones son deficitarias, la compañía las mantendría garantizando con ello la continuidad de aproximadamente 200 puestos de trabajo". Esto es "inaceptable", señaló Daniel Cuartas, el vicepresidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, y así se transmitió a los trabajadores que asistieron a la asamblea general convocada en la cantina de la fábrica. De allí es desde donde está previsto partir caminando esta mañana a las 11.00 horas. La pretensión es llegar a mediodía a la plaza de España y concentrarse allí una hora, una manifestación, de nuevo, para dejar patente que la comarca de Avilés quiere seguir siendo industrial.

El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, se manifestó en el mismo sentido que el comité de empresa. "La propuesta no es aceptable. El Gobierno de Asturias sigue empeñado en que las plantas mantengan la actividad y el empleo, sea con Alcoa o con otra compañía", recalcó. "Queremos que se mantenga la actividad y que, como mínimo, la empresa facilite que otro inversor pueda hacerse cargo de las factorías. Y en ese planteamiento la propuesta de Alcoa no encaja", subrayó Martínez.

La delegada de Gobierno en Asturias, Delia Losa, aseguró: "La intención del Gobierno fue desde el minuto cero la de mantener los puestos de trabajo, por eso cogió desde el primer momento el timón de la negociación y por eso sigue trabajando en ello. Este Gobierno no tira la toalla", declaró.

Jenaro Martínez Paramio, el secretario general de la Federación de Industria del sindicato UGT, no es de la misma opinión: "Alcoa vuelve a tomar el pelo al conjunto de los trabajadores, a la sociedad y al conjunto de las administraciones. Urge que el Gobierno redoble la presión y que esta finalice en una solución garantista para los trabajadores".

Los políticos pusieron el foco también en el Gobierno. "Lo que plantea Alcoa es un cierre en diferido. No se puede esperar nada de la multinacional. La única solución pasa por la intervención de la SEPI para que dé tiempo a desarrollar un nuevo marco para las electrointensivas y a encontrar nuevos inversores. Un gobierno nuestro nunca dejaría caer una industria rentable como Alcoa", abundó el diputado nacional de Podemos Segundo González.

"Nos alineamos claramente con las centrales y el comité. Creemos que la propuesta es totalmente insuficiente, insistimos en la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidades. Asturias no merece esto", apostilló el diputado regional de IU, Ovidio Zapico. "El mantenimiento de la actividad completa de las plantas es una condición imprescindible a corto plazo para encontrar una solución. El garante de esto debe ser el Gobierno de España, al que exigimos su implicación inmediata al más alto nivel", se sumó Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos en Madrid. Pedro Leal, diputado de Foro en la Junta aseguró: "La situación de Alcoa debería estar resuelta hace mucho tiempo. Pedro Sánchez no ha adoptado decisión alguna. Al Gobierno no se viene a aprender, se viene enseñado", recalcó el político forista.