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SUATEA: "La situación en La Canal vulnera los derechos laborales"

El sindicato dice que si la actual gestión del comedor del colegio se prolonga "obligaría a reorganizar el horario del profesorado"

Las trabajadoras que se encargaban del comedor escolar. JULIÁN RUS

El Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) considera, en relación al servicio de comedor del colegio de La Canal, que "se están vulnerando los derechos de las trabajadoras". Aluden en concreto a María Cristina García Granda y Ana María Vila, quienes cuentan con una sentencia firme por la que las empresas que se encarguen del servicio de vigilancia tienen que subrogarlas. El caso es que, desde ayer, el comedor del colegio La Canal está vigilado por seis profesores voluntarios: los tres de la junta directiva y otros tantos docentes.

Valentín Brugo, de SUATEA, se enteró del caso a través de las trabajadoras afectadas y contactó con el centro educativo para saber de primera mano la problemática. "Esas mujeres, al parecer, no son rentables para las empresas por sus derechos laborales", añade. SUATEA advirtió de que estará al tanto del asunto estos meses "para evitar que se cometan irregularidades".

"Si esto deja de ser una situación excepcional, obligaría a reorganizar el horario del profesorado", explica Brugo. Y es que los seis docentes que se hacen cargo ahora de la vigilancia del comedor de La Canal tienen que trabajar dos horas más al día para cubrir este cometido, por lo que cobran un complemento salarial de 9,45 euros diarios.

Las seis trabajadoras afectadas tienen previsto reunirse hoy, a las doce de la mañana, con el comité de empresa del Ayuntamiento para explicarles su situación y tratar de llegar a una solución. El problema es que la competencia le corresponde al Principado, ya que el comedor escolar de La Canal lo gestiona la Consejería.

María Cristina García Granda, una de las dos trabajadoras con contrato fijo discontinuo desde 1991 por sentencia judicial, pide a la directora de La Canal, Marta Prendes Alonso, como firmante de la nota informativa que mandaron a las familias el pasado miércoles para informar del asunto, que aclare cuándo se dieron conflictos laborales por parte de estas dos afectadas. "Según la Organización Internacional del Trabajo, la conflictividad laboral puede medirse por el número de huelgas y cierres patronales, y aquí no pasó nada de eso. Pedimos que se retracte, ya que esas afirmaciones atentan a nuestro honor y dignidad", solicita.

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