Alcoa abrirá este mes el proceso de venta de las fábricas de Avilés y La Coruña y aceptará la colaboración del Gobierno para conseguir comprador si sale adelante el preacuerdo que alcanzó el miércoles con los sindicatos. Hasta el 30 de junio, la multinacional se compromete a recibir y valorar propuestas de potenciales compradores y acepta "la colaboración del Ministerio de Industria, para que presente potenciales compradores así como posibles ayudas a la inversión para adaptar o reindustrializar las instalaciones que ayuden en este proceso de venta", recoge el acta del preacuerdo. Se refiere a una línea de ayudas que el Gobierno pretende lanzar para conseguir más dinero para la puesta a punto de las plantas.
En caso de llegar a un acuerdo, la compañía invertirá veinte millones en cada planta para arrancar las cubas paradas, dejar también a punto las que llevan años "muertas" y mejorar las instalaciones de electrolisis si ese proceso de venta llega a buen parto. La multinacional no solo pone como condición que el comprador asuma a la totalidad de los trabajadores, sino también que proporcione las suficientes garantías (aval que garantice el importe de las inversiones, plan industrial y de negocio, capacidad financiera) que permitan concluir que el proyecto empresarial es viable. El 1 de julio informará al Ministerio de Industria y a la Comisión de Seguimiento (que formarán el Gobierno central, el Principado, La Xunta y los sindicatos) el resultado del proceso. Si hay acuerdo, procederá al traspaso o la subrogación de todos los trabajadores. Si no lo hay, se ejecutará el despido colectivo a partir del 1 de julio con las condiciones que ya han trascendido. El preacuerdo, que aún tiene que ser ratificado por los trabajadores, recoge además que si solo se consigue vender una de las dos plantas, el despido se ejecutará en la otra.
El plan incluye que las cubas tienen que estar paradas el 28 de febrero. Si ese trabajo se realiza con éxito en ese tiempo, todos los trabajadores de las plantas percibirán 3.000 euros brutos en la nómina del mes siguiente. Si solo se cumple esto en una de las dos factorías, solo los trabajadores de esa planta recibirán la suma.
Pero también hay implicaciones si no se cumple ese plazo y la multinacional considera que es un "boicot" de los trabajadores. En ese caso, Alcoa avisa que podría ejecutar el despido colectivo con carácter inmediato, "sin esperar al éxito o fracaso de la potencial venta ni a 1 de julio de 2019". Y si ocurre solo en una de las dos plantas, "el despido colectivo se ejecutará de forma inmediata en la misma". En este caso, además, los trabajadores no se irían a la calle con las condiciones que recoge el preacuerdo, sino con una indemnización de 30 días de salario por año con un máximo de doce mensualidades.
El preacuerdo dará casi seis meses al Gobierno para conseguir un inversor para Avilés y La Coruña, unas gestiones que dice tener abiertas desde que Alcoa comunicó su plan de despido colectivo en sendas factorías. Pero para conseguir ese tiempo extra, en el que también tiene que ver la luz el nuevo marco para las industrias intensivas en consumo eléctrico como Alcoa, el documento acordado en la mesa negociadora tiene que tener el visto bueno de los trabajadores.
Estaba previsto que la votación se produjese ayer, cuando había convocadas asambleas en las dos fábricas. Finalmente, decidió posponerse al lunes y el martes de la próxima semana. En Avilés, las votaciones serán el lunes, de 5.30 a 18.00 horas, y el martes, de 8.00 a 12.00 en la secretaría del comité. El plazo para comunicar la decisión final concluye ese día a las 15.00 horas. "El acuerdo no nos asegura seguir adelante, pero sí tiempo para que los gobiernos busquen una alternativa. Vamos a tratar de dárselo, pero la patata la tienen ellos para conseguir la continuidad y, si es posible, con la electrolisis", avisó el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz. Si los trabajadores votan no, irán a la vía judicial.
