Los ojos de los vecinos del Poblado de Pescadores están vueltos desde ayer hacia el Juzgado de Avilés, donde dos vecinos, una viuda de pescador y un jubilado de la mar, se opusieron ayer a la pretensión de la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas" -la propietaria del barrio- de extinguir sus contratos de alquiler y desahuciarlos. El interés de estos casos radica en que son los primeros de siete inquilinos amenazados de quedar sin casa, y a su vez la punta de lanza de una veintena de familias que figuran en la lista de desahuciables que confeccionó la cofradía.
La entidad pesquera sostiene que sus órganos de gobierno aprobaron un plan para regularizar la situación de los diferentes inquilinos que tiene en el Nodo; en unos casos pretende subir las rentas y en otros, si esa vía falla, la cofradía está decidida a promover desahucios previa extinción unilateral de los contratos. Esta estrategia de "Virgen de las Mareas" ha tratado de justificarse en base a la delicada situación económica de la entidad -privada de su principal fuente de ingresos, que era la rula- y la necesidad de generar recursos con que mantenerla a flote.
La defensa de los vecinos, ejercida por el abogado Manuel Barba Morán, rechaza la pretensión de la cofradía de pescadores de Avilés con variados argumentos, entre los que destacan la falta de legitimación de los responsables de "Virgen de las Mareas" para rescindir los contratos de alquiler en cuestión y la presunta ilegalidad de tal proceder. A este respecto, Barba Morán hizo ver que los desahucios vulnerarían el derecho de los inquilinos a ser beneficiarios -en su condición de viuda de pescador y jubilados de la mar, respectivamente- de la ocupación de unas viviendas construidas en su día y entregadas a la cofradía de pescadores con la finalidad de servir de hogar a la gente de la mar y sus familias.
El abogado Manuel Barba detalló al juez, en su discurso de oposición a la demanda de desahucio, una larga lista de incumplimientos de aportación de actas por parte de "Virgen de las Mareas", todas referidas a las reuniones de los órganos de gobierno de la cofradía que, supuestamente, adoptaron el acuerdo de proceder a los desahucios. En demandas anteriores, esa falta de aporte documental frenó en seco las aspiraciones de la cofradía de expulsar a los inquilinos de las casas. De ahí la pretendida falta de legitimación de la cofradía para promover el desahucio que argumentan los vecinos demandados.
Pero, por si lo anterior no fuese poco, Barba Morán presentó en las vistas orales celebradas ayer una batería de documentos aparentemente probatorios de la condición de socios de sus clientes. Dando por sentada esa condición, el abogado aportó más material relacionado con el derecho que tienen los socios -y en especial las viudas y jubilados de la mar- al disfrute vitalicio de las viviendas del Nodo, un extremo éste que anteriores gestores de la cofradía respetaron, consagraron y dejaron por escrito en multitud de documentos.
