Más de dos décadas llevan pidiendo los vecinos de Las Vegas una solución para el embudo de la principal entrada a la localidad, la de la subida de La Estebanina, y, desde hace una, la respuesta siempre ha sido la misma: "La zona, Quintanas de Chacón, no se puede tocar porque está pendiente de un proceso judicial". Ese litigio llega esta semana a un momento clave. El Juzgado Penal número 1 de Avilés acoge desde mañana y hasta el viernes la vista oral en la que se decidirá la legalidad de las actuaciones del exconcejal de Urbanismo Enrique Bueno y del secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves, en la negociación del convenio de Quintanas de Chacón y en la aprobación del plan urbano de la zona.

Ambos imputados, junto a dos testigos, defenderán mañana, a partir de las 9.30 horas, sus posturas dentro de un entramado que duró desde 2008 a 2015. Mientras el proceso dure, cualquier actuación en la zona puede ser motivo de denuncia, sobre todo, porque está en entredicho el Plan Urbano y la calificación de la zona. Y es que una de las acusaciones que recaen sobre Bueno es que participó en la votación del plan y pudo verse beneficiado presuntamente por la recalificación de Quintanas de Chacón, donde tiene una propiedad compartida con otros familiares. Él niega que haya beneficio alguno en la recalificación en lo que afecta a su vivienda.

Además, están bajo sospecha las negociaciones que mantuvo el exconcejal para llegar a un convenio con el promotor que pretendía construir en Quintanas de Chacón 300 viviendas, una obra que se acompañaría de la remodelación de las calles y con ello la eliminación del embudo. Esas conversaciones, que datan de 2008 y 2011, no llegaron a buen puerto. El promotor acusa a Bueno de haberle exigido 600.000 euros por su finca para que el convenio siguiera adelante. El exedil ha negado en varias ocasiones esa acusación y añadido que de haber aceptado ese convenio sí hubiese sido delito, "un delito de prevaricación".

Así, la Fiscalía ve indicios de un presunto delito de cohecho -por el presunto "soborno" para sacar adelante el convenio- y otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, por la aprobación del Plan Urbano. Por ello, solicita tres años y medio de cárcel para Bueno, además de multas que superan los 13.000 euros.

En el caso del secretario municipal, la acusación lo considera "brazo jurídico" de Bueno en tanto en cuanto, presuntamente, apoyó con informes técnicos los movimientos bajo sospecha del exconcejal. Por eso, la Fiscalía le imputa un delito de negociaciones prohibidas y pide un año de cárcel para Chaves.

Desde mañana hasta el jueves, además de los dos imputados, comparecerán en los juzgados doce testigos y seis peritos y el viernes será la sesión de conclusiones para dejar todo en manos del juez. La decisión del magistrado, caiga de un lado o de otro, puede desbloquear la situación de Quintanas de Chacón para respiro de los vecinos.