A la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas", propietaria del barrio del Nodo, se le vuelve a complicar su intención de rescindir los contratos de alquiler de aquellos vecinos del poblado que además de negarse a aceptar un actualización de sus rentas (ahora mismo casi simbólicas) han perdido el derecho -siempre bajo el punto de vista de la cofradía- a ocupar unas casas construidas originalmente para alojar a pescadores y sus familias. Ese frenazo es consecuencia de dos sentencias que firma el mismo juez de Avilés, Joaquín Colubi Mier -conocido por su especial celo social en materia de desahucios- y que tumban la pretensión de la cofradía de rescindir el contrato de alquiler de un jubilado de la mar y de una viuda de pescador.
El juez Colubi, como ya había ocurrido en demandas anteriores referidas a viviendas del Nodo, estima la alegación que presentaron los vecinos y que se refiere a la no presentación de las actas que deberían documentar el mandato hecho a la directiva de la cofradía para proceder judicialmente contra los inquilinos a desahuciar. La cofradía "Virgen de las Mareas" ya ha recurrido las sentencias, y curiosamente el abogado de los vecinos, Manuel Barba Morán, también, en su caso porque el juez sí que estimó la reclamación económica subsidiaria de la entidad pesquera referida a una supuesta falta de pago de rentas y de las cuotas correspondientes del IBI.
El embrollo judicial que ha generado el plan que diseñó hace ya seis años "Virgen de las Mareas" para actualizar las rentas del Nodo o vender los inmuebles al objeto de conseguir financiación que evite su quiebra se sustancia en la interpretación de qué actas debe o no debe aportar la cofradía para justificar la legitimación de la directiva para proceder a rescindir contratos de alquiler. El abogado de los vecinos reclama actas de la junta general que ratifiquen el acuerdo supuestamente adoptado por el cabildo; la cofradía entiende que basta con aportar el acta del propio cabildo. Los jueces, en las sucesivas demandas que llegaron a sus salas, se han decantado mayoritariamente por dar la razón a Manuel Barba y estimar -como es el caso ahora de Colubi- que la no presentación de actas ratificatorias evidencia que la directiva de la cofradía carece de legitimación para actuar contra los inquilinos de las viviendas. No obstante, la presentación de sendos recursos traslada la resolución de este conflicto a la Audiencia Provincial de Asturias, donde cabe recordar que en un caso anterior ya juzgado prevaleció la postura de los inquilinos.
Ayer mismo, la cofradía desistió de una tercera demanda de desahucio que debía ser vista en la sala del juez Colubi. Manuel Barba achaca ese desestimiento al deseo de la cofradía de evitar otro "revolcón" judicial; desde la entidad pesquera se negó ese extremo y se aportó como razón del desestimiento el conocimiento de nuevos datos económicos que dejan sin base la demanda, inicialmente fundamentada en una supuesta deuda contraída por el inquilino demandado con la comunidad de propietarios.
