El Ayuntamiento de Avilés incumplió en 2018 la regla de gasto y, por ello, el gobierno propondrá a la oposición en el Pleno de abril aplicar un plan económico hasta finales de 2020 con una única medida: "planificar la ejecución en las inversiones futuras". "Es algo que podemos permitirnos porque nuestras cuentas están saneadas, porque existe estabilidad presupuestaria y porque nuestro nivel de endeudamiento es muy reducido. Somos conscientes de que necesitamos una mayor capacidad de gasto de aquí a 2023 para cubrir todas las necesidades futuras", aseguró ayer Raquel Ruiz, concejala de Hacienda.

El límite de la regla de gasto para 2018 se situó en 41,8 millones de euros, una vez realizada la liquidación del presupuesto el resultado fue 43,23 millones de euros: 1,39 millones por encima del límite establecido por el Ministerio de Hacienda. "El techo de gasto varía de un año a otro en función de la liquidación de cada ejercicio, no en función del presupuesto inicial. Ése es un error que debería corregirse en la norma ya que esto supone que proyectos plurianuales, sobre todo de inversión cuya ejecución se produce en varios años, disminuyan el techo de gasto año a año si el proyecto no se completa en ese periodo o si, como a veces pasa en el presupuesto final del proyecto, está por debajo del inicialmente estimado", explicó la edil socialista.

El gobierno socialista justifica ese incumplimiento en que las "necesidades de gasto" del Ayuntamiento "cada vez son mayores" en capítulos como el de Personal, Servicios Sociales o los servicios públicos. Afirmó, además, que esas continuas limitaciones en el gasto "suponen un lastre a la hora de abordar importantes proyectos que requerirán una mayor capacidad presupuestaria en un futuro, como es el caso de los financiados con fondos europeos Feder".

Raquel Ruiz asegura que el plan que propondrá aprobar en el Pleno de abril permitirá al Ayuntamiento disponer en 2020 "de una mayor capacidad de gasto": "Ya que no partiremos del límite de 41 millones que teníamos fijado por la regla en 2018, si no de los 43 millones computables en la liquidación de 2018 más una tasa de crecimiento para ese periodo. Por lo tanto, este plan es la herramienta adecuada para poder sacar adelante nuevos proyectos en el próximo mandato".

Los ayuntamientos españoles llevan años reclamando, a través de la FEMP, la modificación de esa regla de gasto, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. "No tiene sentido que aún teniendo capacidad para gastar, no podamos hacerlo. Es más, en los Presupuestos Generales del Estado que el PSOE presentó en 2019, y que fueron rechazados en el Congreso, ya se contemplaba la modificación de esta norma", aseguró Raquel Ruiz.

La liquidación del presupuesto general de Ayuntamiento de 2018 arroja un equilibrio presupuestario positivo (7,17 millones de euros) y un remanente líquido de tesorería de 5,7 millones de euros. El Ayuntamiento bajó la deuda, que se situó en 22,6 millones de euros por los 23,1 millones de 2017. El nivel de deuda es del 34 por ciento, cuando el límite máximo legal es del 75%. El periodo medio de pago a proveedores está en once días.