Más de 3.000 avilesinos pueden optar al nuevo bono social eléctrico, destinado a personas con dificultades para pagar la factura de la luz. Pese a que las quejas por lo que cuesta este suministro son numerosas, pocos de estos posibles beneficiarios conocen sus derechos, según explicaron ayer Yurema Martínez y Lucía Fernández, ambas del servicio jurídico de la Unión de Consumidores (UCE), durante la presentación del balance de resultados de 2018 de la oficina de Avilés. Tanto es así que el colectivo prevé iniciar una campaña informativa y de asesoramiento que les llevará, sobre todo, a centros de mayores. A lo largo del pasado año, la UCE ayudó en esta línea a 1.000 familias a solicitar el bono social y acceder al mismo en la ciudad.

"La mala fe y temeridad con la que actúan las entidades bancarias, el desprecio de las eléctricas por los derechos de los clientes y la pasividad de la administración fueron los mayores problemas con los que se encontraron los consumidores de Avilés el año pasado", explicó Yurema Martínez, que avanzó que otra campaña de la UCE pasará por evitar los abusos bancarios: gastos hipotecarios, tarjetas de crédito, comisiones bancarias... En cifras, la UCE consiguió el pasado año 240 devoluciones de la cláusula suelo en Avilés con una media de devolución de 5.000 euros. También registraron 53 sentencias por interés de usura en tarjetas de crédito, con una media de devolución igualmente de 5.000 euros. La Unión de Consumidores prevé asimismo incidir en las ventas a domicilio y "los engaños a ancianos".

Los responsables de la UCE en Avilés atendieron exactamente en 2018 un total de 3.698 consultas, un veinte por ciento del total regional: seis de cada diez fueron denuncias y quejas y, el resto, peticiones de asesoramiento. "Como viene ocurriendo en los últimos cinco años, el sector de los Bancos y Cajas de Ahorros fue el que acumulo la mayoría de las denuncias y quejas, seguido de las compañías de telefonía móvil, las compañías de electricidad y las compañías de seguro", recalcó la abogada de la UCE en Avilés.

Respecto a las peticiones de asesoramiento, desde la UCE resaltan precisamente las relacionadas con las compañías de electricidad sobre cómo acceder al bono social eléctrico o denunciar los cambios realizados en la modalidad de contratos en la tarifa eléctrica sin haber obtenido el consentimiento expreso de los usuarios. En este caso siguen en el ranking los bancos y cajas de ahorro, las compañías de teléfono móvil y seguros, los intermediarios de créditos, la administración estatal, clínicas privadas de servicios sanitarios y arrendamientos de viviendas entre particulares.

Del total de consultas, el 62 por ciento fueron de socios de la Unión de Consumidores de Asturias, que deben abonar una cuota anual, y el resto fue de personas no asociadas. La mayoría optó por acudir a la oficina.