"Hay personajes en el PSOE que creen que el ayuntamiento es su chiringuito particular". Así de contundente se mostró ayer el concejal de Somos, Primitivo Abella, al responder al edil de Personal, Raúl Marquínez, a raíz de la polémica suscitada por la denuncia de enchufismo con una empleada municipal (militantes socialista) que ha realizado la formación morada, basada en una sentencia. "El concejal de Personal está nervioso porque fue él el que firmó el cese de su compañera de partido en el puesto que se amortizó y la nombró acto seguido para otro diferente", añadió. Marquínez acusó anteayer a Abella de "manipular y perseguir" por ideología.
Como respuesta a esas acusaciones, Somos Avilés aportó ayer dos pruebas. En primer lugar, el BOPA de 19 de septiembre de 2012, "en el que se explicita claramente que todos los puestos van a ser transformados mediante la funcionarización excepto uno que se funcionariza y acto seguido se amortiza", dijo Abella. "Hubo 87 puestos que se funcionarizaron. Las disposiciones dicen en todos los casos: modificar la Relación de Puestos de Trabajo en el sentido de adaptar el tipo de colectivo a que quedan adscritos los puestos de trabajo que se citan a continuación, quedando los mismos reservados a su cobertura con personal funcionario. Pero hay uno que sigue un proceso diferente: 'queda exceptuado, porque se amortiza, el siguiente puesto de trabajo vigente en RPT municipal: el puesto con denominación técnico de Juventud'", prosiguió. "En los diferentes acuerdos se explicita que los trabajadores que ocupaban los puestos funcionarizados continuarán en ellos en tanto en cuanto no se amorticen", dijo.
La segunda prueba de Somos "es el cese de M. J. G. G. en el puesto amortizado y el nombramiento en el puesto de nueva creación". "Este cese es el único que se produce como consecuencia del acuerdo plenario. El acto irregular y que Raúl Marquínez quiere evitar que termine en el Consejo Consultivo es este último nombramiento porque se hizo sin respetar la concurrencia de más personas en el acceso a un puesto de nueva creación. Es decir, un enchufe", remató Abella.
"Responsabilidad penal"
Por su parte, Izquierda Unida (IU) urgió al PSOE a acatar la sentencia y a anular la contratación de la responsable del Programa de Infancia, Adolescencia y Juventud. "Desde Izquierda Unida, pedimos al concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, que dé cumplimiento al mandato judicial", apuntó ayer la portavoz municipal de IU, Llarina González. "Consideramos que un concejal de Recursos Humanos ha de tener una actitud responsable y seria. Gasta más energía en atacar a la oposición que en dar explicaciones", apuntó González.
El sindicato Usipa emitió una nota en la que afirmó: "La sentencia va a traer consecuencias judiciales graves y a alguien se le debe atribuir la responsabilidad. Por ejemplo, todos los nombramientos del 1 de octubre de 2012 deben anularse. De lo contrario, se puede incurrir en responsabilidad penal, a través del tipo delictivo de prevaricación". Y afeó a Marquínez sus críticas a Abella.
