La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho esta mañana que con el Estatuto de Consumidores Electrointensivos y otras medidas en las que el Gobierno trabaja con la Xunta de Galicia y el Gobierno de Asturias, esperan llegar a junio con "una garantía de un inversor" para que se haga cargo de las fábricas de Alcoa amenazadas de cierre, en concreto las de Avilés y La Coruña (700 trabajadores en total).
Maroto ha afirmado que el Ejecutivo no tiene "certeza todavía" de que Alcoa haya tomado una decisión sobre el complejo de San Ciprián, en Lugo, después de que la empresa haya alertado de que la viabilidad de su tercera planta de aluminio española también está "en riesgo" y que su futuro "peligra" si el Gobierno no adopta más medidas.
La titular de Industria, que ha participado en Torremolinos (Málaga) un encuentro organizado por la Cadena Ser, ha manifestado a los periodistas que el Estatuto dado a conocer ayer "da una seguridad a Alcoa sobre el precio de la energía", un instrumento que pedía la compañía para "dibujar esa necesaria inversión que tiene que hacer otra empresa para la compra".
Maroto ha incidido en que con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo hay una "garantía mayor" para las 153 empresas electrointensivas del país, que dan trabajo a 150.000 personas. Así mismo, ha opinado que la "ausencia" del anterior Ministerio de Industria ha tenido "unas consecuencias muy negativas" en cuanto a la deslocalización y cierre de empresas y ha confiado en que con el Estatuto y otras medidas en las que trabaja el Gobierno se pueda llegar al 30 de junio con una garantía de un inversor para Alcoa.
La planta lucense es la única fábrica de aluminio primario que Alcoa mantiene abierta en España, tras la parada productiva de las de Avilés (Asturias) y La Coruña, en las que sólo permanecen activas las funciones de mantenimiento y cuya venta se negocia desde hace meses.
Alcoa considera que el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos "no aporta la solución que la industria del aluminio primario en España necesita para su sostenibilidad", lo que podría poner en riesgo la venta de las plantas de Avilés y La Coruña.
