La Consejería de Derechos y Servicios Sociales dará diez días de plazo a los responsables del geriátrico de la plaza de España, de donde se escapó el pasado domingo uno de los residentes, para cerrar de forma cautelar el establecimiento. Así lo acaba de anunciar la consejera Pilar Varela, que avanzó también que se ha iniciado el expediente para revocar la autorización, con la que cuentan desde 2017. "Los hechos conocidos a través de las actuaciones policiales son de la gravedad suficiente para iniciar los dos expedientes", afirma la responsable socialista.

La Consejería inició la investigación a principios de esta semana, cuando tuvo conocimiento a través de la Policía Nacional de que los usuarios carecen de cuidados por la noche, por lo menos en el momento de su entrada en el establecimiento. "El procedimiento se inicia a raíz del informe recibido hoy en el servicio de Inspección de la consejería, en el que se detalla una actuación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad el pasado fin de semana y vinculada a un usuario del centro residencial que fue hallado solo en la calle", explica en un comunicado el departamento que dirige Pilar Varela. La investigación comenzó el domingo de madrugada, cuando los policías de la Policía Nacional hallaron a un usuario de este centro vagando por la Plaza de España y pidiendo auxilio. Al ir a acompañarlo al geriátrico descubrieron que el centro carecía de cuidadores en ese momento.

El compañero de habitación del usuario que pedía ayuda se había caído de la cama, y fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín para una revisión y posteriormente reingresado en el geriátrico. En el centro había diecisiete personas más "y nadie a su cargo" cuando se desarrollaron los hechos, aunque poco después sí dieron señales los propietarios. En dependencias policiales los responsables del centro alegaron "no haber oído a los agentes", según información a la que ha tenido acceso este diario. Los directivos del geriátrico así como trabajadores y extrabajadores prestaron declaración en calidad de testigos a principios de esta semana. Ahora las diligencias están en manos del Juzgado de instrucción número 4 de Avilés. Algunos familiares de los usuarios del centro no descartan personarse en la causa como acusación particular.