La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha ordenado el cierre cautelar del geriátrico del Parche acusado de no atender a sus ancianos y da un plazo de diez días hábiles para llevarlo a cabo. Además, el Principado, a través de un expediente abierto después de que dos agentes de la Policía Nacional hallaran en la calle a uno de los mayores la madrugada del lunes al domingo y al acompañarle constatarán que no había nadie al cargo de otros 17 ancianos, ha iniciado el procedimiento para revocar el permiso de apertura.
La decisión de la consejera Pilar Valera ha sorprendido a las gestoras de la residencia, ubicada en el número tres de la plaza de España. Según fuentes cercanas a la propiedad, hoy presentarán alegaciones a esta resolución. "Varela no está siendo imparcial", sostienen los responsables de la residencia de mayores. "Es normal que abran un expediente para saber qué es lo qué ha pasado", convienen en medios próximos a la propiedad, si bien añaden que "resulta anómalo que la decisión ya esté tomada. Administrativamente, no tiene sentido. Varela ha hecho declaraciones temerarias", afirman dichas fuentes, que también niegan aspectos del informe policial.
Con ello se refieren a que el informe de los dos agentes que localizaron al anciano en plena madrugada hablan de que no había nadie al cargo del resto de mayores. "Había una persona, que al estar en la planta de arriba -la residencia tiene dos y el edificio tiene cuatro- no escuchó el timbre. Al bajar, se encontró siete policías que amenazaron con detenerla, cuando no había hecho nada ilegal", cuenta.
Las gestoras de la residencia, dos hermanas que estarían cediendo el papel protagonista a su hijo, también tienen problemas con los propietarios del inmueble (te lo contamos aquí), a los que no pagan el alquiler desde enero del año pasado y funcionan sin contrato de renta desde el 26 de mayo del mismo año. Por ello, pesa sobre ellas una orden de desahucio, amparada en dos sentencias. Dicha orden podría ejecutarse en poco tiempo.
Obras sin licencia
La empresa que gestiona la residencia de La Fontana adeuda 3.200 euros al Ayuntamiento de Avilés por haber realizado una obra sin licencia. Esta cantidad se suma a la que debe a los propietarios del edificio, a lo que hay que sumar impagos de agua, basura o incluso con los proveedores. La sanción urbanística fue impuesta por el Consistorio avilesino el pasado año, en abril. La empresa que gestiona el geriátrico pidió realizar una rampa de acceso al edificio, que por estar ubicado en pleno casco histórico, requiere de unos permisos más estrictos de lo normal. Aunque éstos les fueron negados, acometieron la obra de igual manera.
Posteriormente, la rampa fue derribada por el Ayuntamiento de Avilés, que sancionó con 3.200 euros a la empresa. Una cantidad que todavía no ha sido pagada y que se suma a una larga lista de supuestas irregularidades por las que el Principado pretende cerrar el centro en diez días.
