La Consejería de Servicios y Derechos Sociales, que encabeza Pilar Valera, no tenía conocimiento de las irregularidades en el geriátrico privado de la plaza de España, acusado de no atender a sus ancianos de noche. "Desde su autorización en 2017 y hasta la pasada semana, en que la Consejería tuvo conocimiento del atestado policial -en él se detallaba como el domingo 17 de marzo un anciano fue localizado solo por la calle en plena madrugada- no se había registrado denuncias sobre otras irregularidades por parte de este centro que motivasen la intervención del personal de inspección de servicios sociales", manifestaron ayer desde el Principado, ante los impagos en el alquiler del edificio de La Fontana que se les acumulan a las gestoras del centro privado desde hace un año y medio.

Ante el cierre cautelar del centro, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales pidió a las responsables una lista con el número de residentes, que tiene que ser entregada hoy. "Una vez conocida la situación real del centro, se acompañará a las familias en lo que sea necesario", afirmó el Gobierno regional.