La Consejería de Servicios y Derechos Sociales contará con la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés en todo el proceso abierto contra la residencia de personas mayores ubicada en la plaza de España, sancionada con el cierre cautelar tras conocer el Principado que hubo mala praxis, al menos, durante una noche. La previsión es que hoy mismo, trabajadores de la Consejería se empiecen a poner en contacto con los familiares de las personas alojadas en el geriátrico "para acompañarles en el proceso". Éste se hará en coordinación con el Ayuntamiento de Avilés "en función de la situación personal de cada residente".

Los responsables de la gestión de la residencia La Fontana tenían hasta ayer para entregar una notificación con los nombres de los usuarios del centro así como los contactos de los familiares de referencia. El Principado afirmó que hasta hace una semana no había tenido conocimiento de irregularidades en la residencia. La primera denuncia, según la versión regional, fue la de la Policía Nacional tras hallar a un anciano solo por la calle en plena madrugada y constatar, a continuación, que no había vigilancia en las dependencias, que tienen autorización del Principado desde el año 2017.

Ahora que el Principado ordena su cierre cautelar, la junta de gobierno local aprobó ayer conceder licencia a los responsables del geriátrico para construir una rampa de acceso. En su día, el Ayuntamiento ya tuvo que derribar una instalación similar en el inmueble por carecer de permiso.