El concejo de Corvera incumplió el techo de gasto impuesto por el Estado en 311.000 euros. Esa cuestión ha obligado al Ayuntamiento a redactar un plan económico-financiero que los portavoces de la oposición conocieron media hora antes de comenzar el Pleno de ayer. El alcalde, Iván Fernández (PSOE), presentó de urgencia ese documento en la sesión plenaria argumentando que debería enviarse al Ministerio de Hacienda antes de finalizar el mes. E hizo saltar la polémica.

Los grupos de la oposición demandaron más tiempo para estudiar el plan económico-financiero que, como recordó el portavoz de Somos, Rogelio Crespo, no lo tuvieron en su mano hasta que hicieron "una fotocopia cinco minutos antes del Pleno". Silvia García, de la USPC, habló a las claras: "No conocemos el contenido". Teresa Domínguez, portavoz de Foro, fue muy dura en su crítica: "Me abstengo porque no podemos conocer un documento media hora antes del Pleno, esas no son formas". Y Sara Paz, su homóloga de IU, reclamó un Pleno extraordinario para debatir ese asunto, a lo que también se sumó Crespo: "Si convoca un Pleno para las seis de la mañana, venimos, pero necesitamos tiempo para estudiarlo y, si no sabemos, asesorarnos". "Tengo que abstenerme por la premura", apuntó la portavoz del PP, Cinta Mántaras.

El Regidor corverano explicó que ese incumplimientos se debió a que, a finales de 2017, el Ayuntamiento ingresó 500.000 euros del convenio de la cuesta de Los Campos que se destinó a la ampliación de El Llar. "Había que hacer la obra y el dinero llegó a final de 2017 se incorporó y se gastó en 2018, no podíamos renunciar ni retrasar esa inversión", señaló Fernández, que indicó además que "saltarse el techo de gasto en 2018 por este motivo se puede permitir de manera puntual", ya que "queda acreditada la saneada situación financiera municipal, lo cual garantiza que se cumplan las reglas fiscales vigentes".

Fernández señaló que se trata de un documento técnico y, pese a todo, comprendió las quejas de la oposición. "Es una obligación aprobarlo", indicó Fernández. "Será un documento técnico pero tiene carga política", replicó Sara Paz. "No es de recibo no estudiar un documento y emitir un voto con criterio", añadió Crespo.

Pese a incumplir el techo de gasto, el Ayuntamiento obtuvo un superávit en 2018 de 2.895.118 euros. El Estado no permite utilizar toda esa cantidad, pero sí pueden ejecutarse, indicó Fernández, "inversiones financieramente sostenibles", como la posible construcción de una pista de atletismo, la mejora de los parques infantiles y de calles en zonas urbanas y la modernización de la red del alumbrado público.