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La industria recibirá 91 millones para compensar el coste del CO2

Quantum, Aludium y Liberty, entre los interesados en la compra de Alcoa

El PSOE eleva a 91 millones el fondo de ayudas para compensar los llamados costes indirectos por las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. La oferta inicial del Ejecutivo central consistía en repartir este año 76 millones, con opciones de llegar a los 100. La suma será finalmente superior. Está previsto que el Consejo de Ministros autorice mañana la convocatoria de concesión de esas subvenciones vinculadas a la compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero correspondientes a los costes incurridos en 2018.

Según fuentes del Ministerio de Industria, esta cifra es un 16,5 por ciento mayor que la de la última convocatoria. Pese al considerable incremento, se encuentran lejos de los 220 millones de euros que se venían reclamando desde el Principado.

El incremento de estas ayudas era una de las demandas de la industria intensiva en consumo eléctrico. Desde el Ejecutivo sostienen que "beneficia especialmente a este tipo de consumidores, ya que su objetivo es paliar la pérdida de competitividad de empresas radicadas en España que operan en mercados internacionales y no pueden repercutir esos costes en el precio de venta de sus productos". Los beneficiarios de la ayuda tendrán que mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años.

Este instrumento forma parte del borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que estuvo sometido hasta ayer a la fase de alegaciones. La ministra de Industria, Reyes Maroto, aseveró ayer en Galicia que el lunes está convocada una reunión para analizar todas las alegaciones y que está a la espera de recibir un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia sobre los posibles descuentos en los peajes de acceso al suministro eléctrico. Lo que descarta es aprobar los descuentos fiscales que también reclamaba el sector "por falta de tiempo" puesto que "la legislatura se está agotando". "No podemos acordar incentivos nuevos", dijo.

A falta de los cambios que introduzca el Gobierno de Pedro Sánchez en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo (que inciden de forma directa en la producción de aluminio, cinc y acero), las medidas están muy alejadas de las que demanda el sector y de las que se requieren para que la venta de las plantas alumineras de Avilés y La Coruña llegue a buen puerto.

Hasta el momento son cinco los posibles compradores que han firmado el contrato de confidencialidad con Alcoa para seguir adelante con el proceso. Según ha podido saber este periódico, entre ellos se encuentran Liberty House Group (fondo de inversión con sede en Londres que llegó a un acuerdo con Arcelor-Mittal para comprarle cuatro plantas europeas), Quantum (el fondo alemán que compró la gijonesa Tenneco) y Aludium (sociedad del fondo Atlas Holding que compró en su día a Alcoa las plantas de Amorebieta y Alicante).

Los trabajadores de Alcoa llevan hoy sus protestas al Congreso de los Diputados. Representantes de los comités de las factorías de Avilés y La Coruña mantendrán encuentros con todos los grupos parlamentarios. "Les pediremos que sigan apoyando la industria electrointensiva tras las elecciones", apuntó el presidente del comité de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, que reclama al Gobierno "que tutele la negociación entre Alcoa y los posibles inversores".

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