El plazo de diez días hábiles que dio la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a la residencia de la plaza de España investigada por abandonar a sus ancianos para cerrar sus puertas expira hoy. El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo, en el que afirman fuentes cercanas a las gestoras del geriátrico que se encuentran las alegaciones para evitar la clausura, aún no se ha pronunciado sobre éstas. La defensa de las implicadas ha recabado en un expediente manuscrito testimonios de 13 familiares asegurando que "el trato es bueno". Y avisan que de efectuarse el cierre, pleitearán hasta el final por lo que consideran una medida "desproporcionada".

La Consejería emitió la orden de cierre cautelar el pasado 22 de marzo. Lo hizo tras conocer un informe de la Policía Nacional de Avilés. En él se explica cómo dos agentes encontraron la madrugada del domingo 17 de marzo al lunes a un anciano vagando sólo por la calle (puedes volver a leer la informaciónTras acompañarle al centro, ubicado en el edificio de La Fontana, en el número tres de El Parche, constataron estos dos los policías que no había nadie al cargo de otros 17 ancianos y uno de ellos estaba tendido en el suelo. Las gestoras del centro lo negaron.

Según ha podido saber este medio, dicho expediente, y todo lo que rodea al geriátrico del Parche, está siendo cuidado con especial celo por el Principado. Fuentes consultadas por éste medio aseguran que no se puede ni acceder a la documentación: "Es 'top secret', nunca se vio algo igual".

Por otro lado, sobre la residencia pesa una orden de desahucio por impagos en el alquilerobre la residencia pesa una orden de desahucio por impagos en el alquiler desde enero del pasado año y por operar sin contrato de renta desde el 26 de mayo. "Son okupas", dijeron los propietarios del edificio. Las gestoras del geriátrico aseguran que ese "problema" se debió a solo a "una discrepancia en la cuantía del alquiler".

De los 17 ancianos que había en el centro, las gestoras han recabado el testimonio de 13 de familiares que aseguran que el trato es "correcto". Avisan de que de efectuarse el cierre, pleitearán hasta el final por lo que consideran una medida "desproporcionada". En el caso de que sus alegaciones sean tenidas en cuenta ya avisaron que pedirán una indemnización de un millón de euros al Principado.