El plazo de diez días que dio la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para cerrar cautelarmente el geriátrico de la Plaza de España investigado por abandonar ancianos expiró ayer. Y sin embargo, sigue abierto y con ancianos dentro. El Principado aplazó la clausura ordenada a la espera de la resolución judicial sobre las alegaciones presentadas por el geriátrico en el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo. Según el abogado del centro de La Fontana, dicha resolución ya ha sido emitida, pero ayer no se pudo consultar "debido a un problema en la web del Ministerio de Justicia".

La Consejería de Servicios Sociales se puso ayer en contacto con los familiares de los internos para comunicarles su decisión. Algunos no están de acuerdo con el procedimiento seguido por la consejería de Pilar Valera, que también sopesa revocar el permiso al geriátrico, a cuyos efectos ha abierto un expediente sancionador. "Nos han llamado, pero no nos dan solución. Me han dicho que para admitir a mi familiar en un centro público tardarían un año", aseguró una mujer con un pariente en el asilo de la plaza de España. El caso de esta mujer es especialmente delicado. Su familiar se trata de un anciano octogenario, con alzhéimer e infrapeso. "Apenas pesa 20 kilos", aseguró la mujer. Dicho interno está alojado en la segunda planta, la destinada para los varones. La primera es la de las mujeres. Ésta también cuenta con zonas comunes.

El familiar de esta mujer, que rehusó identificarse, vive postrado desde hace siete meses en una de las tres camas que tiene su habitación, la última del pasillo. Esa habitación, de aspecto limpio, tiene las paredes de color salmón, parquet de color gris, como el resto del suelo de la planta y dos butacas. Las ventanas dan al Parche. Las sábanas, de color blanco, que le cubren el cuerpo, tienen agujeros, que según su familiar, hizo él mismo.

La interacción de este interno con el resto del mundo es casi nula. Aparte de monosílabos, sólo reacciona cuando se entona el himno de Asturias. Por permanecer en el geriátrico de La Fontana, este interno paga 950 euros al mes. Es decir, el total de la pensión que percibe como jubilado de Cristalería.

"Que me digan a ver cómo lo muevo, porque no puede salir por su propio pie. Si no lo traslada alguien, tendrán que dejarlo en los soportales", clama la afectada, que asegura que en un día recorrió cuatro centros privados y ninguno de ellos le garantizó una plaza. "Aquí el trato siempre ha sido bueno", informa la mujer, aunque ella no ha puesto por el momento su firma en el documento que las gestoras de la residencia elaboraron para añadir a sus alegaciones. En dicho dossier, según fuentes cercanas a la propiedad de la residencia, constan testimonios manuscritos de 13 familiares de internos del centro que aseguran que el trato es "correcto".

Orden de desahucio

Sobre el geriátrico de la plaza de España pesa una orden de desahucio por no pagar el alquiler desde enero de 2018 y funcionar sin contrato de renta desde mayo del mismo año. Según ha podido saber este periódico, las gestoras del centro han ofrecido a la propiedad del edificio de La Fontana pagar su deuda a cambio de prorrogar el alquiler del edificio. Los propietarios del inmueble rechazaron esa posibilidad.

Según el geriátrico de la plaza de España, esa falta de pago se debió una subida del alquiler. La propiedad del inmueble niega la mayor y afirma que la única subida que se ha producido ha sido la correspondiente por el Índice de Precios al Consumo (IPC). "Son okupas", aseguran.

Aunque la residencia del Parche ha logrado librar de momento el plazo de la orden de cierre cautelar continúa con su incierto futuro. El caso se prolonga ya desde el domingo 17 de marzo, cuando en la madrugada del lunes dos agentes de la Policía Nacional localizaron a uno de los internos en plena calle. Tras acompañarlo de nuevo al centro, allí constataron que no había nadie al cargo de 17 ancianos.

Por ese expediente, que el Principado guarda con especial celo, según las fuentes consultadas por este medio, se inició el plazo de 10 días hábiles para proceder al cierre cautelar de la residencia. Ayer, el plazo expiró, pero el centro de mayores La Fontana sigue abierto y con internos dentro.