El geriátrico de la plaza de España pondrá mañana el cartel de cerrado. El Juzgado contencioso-administrativo número 5 de Oviedo ha desestimado las alegaciones presentadas por los responsables del centro de mayores contra el cierre cautelar impuesto por el Principado y éstos han decidido que, antes de que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales acuda a precintar la residencia, ellos echan la llave. Por ese motivo, en estos dos días saldrán del centro los últimos cuatro internos que aún están allí. Fuentes de la Consejería aseguraron ayer que desconocían el contenido de la resolución judicial, que fue emitida el pasado viernes. "No tenemos esa confirmación", aseguraron.

El abogado del centro de La Fontana explicó ayer que aunque el juez haya desestimado sus alegaciones, los dueños del geriátrico continuarán con el recurso contra la decisión del Principado de cerrar esta residencia privada, ya que considera que es una medida "desproporcionada". Ya avisaron de que pedirán una indemnización de un millón de euros si finalmente la Justicia les da la razón. Servicios y Derechos Sociales, además de ordenar el cierre cautelar, ha iniciado el proceso para revocar la autorización para que pueda funcionar como residencia.

Algunos familiares de las personas que aún están allí ingresadas desconocían la decisión del geriátrico y afirmaron no tener comunicación del Principado para saber qué hacer con sus allegados. Ese extremo fue negado ayer por la Consejería que dirige Pilar Varela. Según explicaron algunas fuentes regionales, desde que ordenaron el cierre cautelar como resultado de un expediente abierto tras hallar la Policía Nacional a uno de los internos vagando por la noche, se mantuvo contacto con los familiares para comunicarles la situación y ofrecer su colaboración en caso de que no pudieran hacerse cargo de esas personas o no pudiera, ahora, hacer frente al coste de otra residencia.

Miembros de Servicios y Derechos Sociales, afirman las mismas fuentes, volvieron a ponerse en contacto el pasado jueves con ellos para explicarles que el cierre se posponía -tenía que haberse producido el pasado viernes- a la espera de la decisión judicial sobre las medidas cautelares. "Entonces, algunas familias nos dijeron que ya se habían ido de allí o que tenían plaza reservada en otro lugar. A las que no, se les comunicó que podían tener una plaza temporal en alguna de las residencias del ERA. Nadie se va a quedar en la calle", subrayaron las fuentes consultadas.

La Consejería inició la investigación el pasado 18 de marzo, cuando tuvo conocimiento a través de la Policía Nacional de que los usuarios carecían de cuidados por la noche, por lo menos en el momento de su entrada en el establecimiento. Los agentes habían acudido al centro tras encontrar a uno de los usuarios solo por la noche y pidiendo auxilio. "Los hechos conocidos a través de las actuaciones policiales son de la gravedad suficiente para iniciar los expedientes", afirmó entonces Pilar Varela. Y dio diez días de plazo a los responsables del geriátrico para cerrar de forma cautelar el establecimiento.

Sobre el geriátrico, además, pesa una orden de desahucio por no pagar el alquiler desde enero de 2018 y funcionar sin contrato de renta dsde mayo del mismo año. Según pudo saber este periódico, las gestoras del centro ofrecieron a la propiedad del edificio pagar sus deudas a cambio de prorrogar el alquiler. Los dueños del inmueble rechazaron esa posibilidad. Según el geriátrico de la plaza de España, esa falta de pago se debió a una subida de la renta. Los propietarios, sin embargo, rechazan ese extremo y aseguran que solo subió el IPC.