"Animo a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Avilés que crean que ganan poco dinero a que pidan un incremento de sueldo en la casi total seguridad de que si el equipo de gobierno (PSOE) es coherente con sus actos concederá ese deseo. Al menos a la secretaria de la alcaldesa le ha funcionado...". De este modo ironiza Manuel Mendoza, el secretario general de la sección sindical de la Unión de Sindicatos del Principado de Asturias (USIPA) en el Ayuntamiento de Avilés, con la mejora salarial que aprobó el equipo local de gobierno del PSOE para la citada trabajadora: 300 euros mensuales de más que cobra desde el 1 de enero de 2018 y que tienen su reflejo en nómina como complemento de productividad.
Ironías al margen, donde USIPA expondrá sus argumentos con toda seriedad será en la sala de vistas del juzgado número 1 de lo contencioso-administrativo de Oviedo, el órgano que el próximo viernes celebra juicio contra el Ayuntamiento de Avilés para dirimir si esa mejora retributiva que critica USIPA constituye una infracción administrativa o es ajustada a Derecho.
El sindicato de Mendoza ha decidido pleitear por la concesión de ese plus salarial a la secretaria de alcaldía por diversas razones: "Porque, como en otras ocasiones parecidas del pasado, el gobierno del PSOE actuó con opacidad, sin dar cuenta de su decisión a la junta de personal; porque no hay fundamentación técnica de la razón objetiva de esa mejora salarial, porque no se ha previsto la duración en el tiempo de la misma y porque al ser una decisión 'digital' -o sea, hecha a dedo- constituye un agravio al resto de trabajadores y atenta contra el principio de igualdad", explica el abogado y sindicalista.
En palabras de Mendoza, "el equipo de gobierno concedió la gratificación a esta trabajadora porque hizo público su deseo de volver al servicio del que proviene al entender que no ganaba lo suficiente para el trabajo que hace en la alcaldía; y para evitar su marcha, le subieron el sueldo 300 euros mensuales".
La legalidad del citado plus de productividad no es la única batalla en el ámbito municipal iniciada por USIPA en los últimos días. Manuel Mendoza dice haber solicitado por vía judicial datos sobre la situación laboral del director del Conservatorio, Carlos Galán, al que tiene entre ceja y ceja desde el mismo día que fue elegido para suceder en el cargo a Raquel Díaz.
El sindicalista sostiene que el músico ha agotado el plazo de dos años de la comisión de servicio que solicitó en septiembre de 2016 para hacerse cargo del "Julián Orbón" y en consecuencia urge a la Fundación Municipal de Cultura su cese inmediato y la convocatoria de un proceso selectivo "abierto a todo el mundo que quiera concurrir a la plaza".
