El exjefe de producción de la Fundación del Centro Niemeyer que prestó servicios particulares a sus padres "para poder justificar los pagos" porque él "no podía emitir facturas". Esto ocurrió entre 2008 y 2009, periodo en el que según reconoció al fiscal Alejandro Cabaleiro estuvo cobrando la prestación por desempleo (de forma intermitente) y una beca del Ministerio de Cultura de unos 1.400 euros mensuales. "Que yo sepa, una beca remunerada no me impedía realizar trabajos para terceros", dijo.

El juicio del "Caso Niemeyer" se retomó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial con la toma de declaración al quinto acusado, Marc Martí, para el que la Fiscalía pide un año y seis meses de cárcel como cómplice de un delito de malversación por haber cobrado "9.000 euros sin justificación". Esa suma es la que dice haber recibido Martí por servicios profesionales prestados al Niemeyer antes de que el director Natalio Grueso lo contratase el 1 de febrero de 2010 con un sueldo de 80.000 euros anuales, una "remuneración acorde" con su "responsabilidad y dedicación".

En la sesión de ayer declararon los primeros testigos: la exconsejera de Cultura y presidenta de la Fundación del Niemeyer desde su constitución en diciembre de 2006 hasta el verano de 2007, Ana Rosa Migoya, y el actual embajador de embajador de la Unión Europea en Irak, Ramón Blecua. Migoya negó que el expresidente regional Vicente Álvarez Areces le diese instrucción alguna acerca del funcionamiento de la entidad y que fue él quien le trasladó que Grueso estaba dispuesto a asumir la dirección del Niemeyer. "Se firmó un contrato de alta dirección y se mantuvo el mismo salario que tenía (Natalio Grueso) en la Fundación Príncipe de Asturias, unos 96.500 euros netos al año", señaló Migoya. La exconsejera expuso que en aquel patronato que ella presidió en febrero de 2007, Grueso "recibió muchas felicitaciones" porque presentó "un programa (de actividad) muy ambicioso, fuera de lo común, con el paso por Avilés de personas muy relevantes del mundo de la cultura" y recibió un "aplauso unánime". Su contratación también fue aprobada "por unanimidad" en el patronato. Negó, en cambio, que hubiese un convenio de financiación con la Fundación a cinco años vista ("era un protocolo de intenciones, sin obligación jurídica") y que hubiera una reunión en Moncloa con el expresidente José Luis Rodríguez para departir sobre la financiación del Niemeyer. "Fue para solicitar apoyo económico para los actos del 25º. aniversario de la Fundación Príncipe", dijo.

En la sesión de ayer trascendió que Ramón Blecua dejó su puesto de agregado cultural de la embajada española en El Cairo (por el que ingresaba 110.000 al año) para trabajar como asesor para el Niemeyer entre octubre de 2009 y febrero de 2011, periodo en el que percibió del centro unos 37.000 euros "en varios bloques", no en cobros mensuales. "No fui a la Fundación para ganar dinero. Era un proyecto novedoso, diferente, me parecía un reto extraordinario", dijo.

El presidente del tribunal se dirigió en la vista a la acusada Judit Pereiro para recordarle que tiene obligación de acudir a las sesiones. La exmujer de Grueso había pedido la suspensión de las sesiones previstas en julio por un viaje familiar a Japón, país de origen de su esposo. El magistrado le ordenó que entregue el pasaporte como medida cautelar al entender que "puede haber riesgo de fuga".