El Principado de Asturias y los sindicatos UGT, CCOO y USO piden al Gobierno central una modificación presupuestaria para elevar al máximo la compensación por costes de emisiones indirectas de CO2, que podría superar los 250 millones de euros en base a los márgenes de la normativa europea.
El consejero de Industria, Isaac Pola, ha señalado hoy tras una larga reunión que los sindicatos que es una medida "inmediata y accesible" ante la falta de Estatuto de consumidores electrointensivos y que puede llevar a cabo el Ejecutivo aunque entre en funciones este lunes tras las elecciones generales. Para el Principado y los sindicatos, esa modificación presupuestaria permitiría atender la situación que viven las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña con el objetivo de garantizar una solución viable para el mantenimiento del empleo y la actividad.
"El parámetro de precio final de la energía resulta importante para las operaciones de compra de Alcoa", ha dicho Pola tras una reunión de casi dos horas con dirigentes sindicales y el presidente del Principado, Javier Fernández. "El precio final de la energía se compone de una serie de conceptos (peajes, fiscalidad€) que luego se ven disminuidos con algunos otros como la compensación por interrumpibilidad, por los costes indirectos de CO2, y entendemos que esa podría ser una medida inmediata, accesible y que tendría impacto positivo en agilizar ese precio final de la energía", ha expuesto Pola.
El consejero ha incidido en el "compromiso" del Principado para trabajar en esa posibilidad para el futuro de Alcoa y ha remarcado, igualmente, la "implicación" en el proceso tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como de los ejecutivos autonómicos de Asturias y Galicia.
Jenaro Martínez Paramio, secretario general de Fica-UGT, ha señalado que la compensación por costes indirectos de CO2 puede alcanzar el 25%, lo que supondría pasar de los 91 millones presupuestados a más de 250 millones, una propuesta que vienen defendiendo tanto los sindicatos como el Gobierno autonómico.
El secretario general de Industria de CCOO, Damián Manzano, ha pedido a Javier Fernández que traslade al Gobierno de Pedro Sánchez el sentimiento de "engaño y estafa" que ha supuesto para los trabajadores de Alcoa que este viernes no se aprobase el Estatuto tras "reiteradas promesas".
Además, ha asegurado que no consentirán que la "incompetencia" de los actuales gestores del Gobierno de España "vaya a suponer pérdida de empleo". Al respecto, anuncia que los sindicatos exigirán explicaciones por el retraso en la comunicación sobre el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, asegura, se remitió el día 9 de abril aunque se hiciera público este mismo jueves. "O nos engañaron o son unos incompetentes", ha recriminado.
Desde USO, Juanjo Estrada ha resaltado la "voluntad" mostrada por el Principado y el "conocimiento" de su presidente sobre la situación de la industria, lamentando que el Gobierno central haya hecho "poco caso" a Javier Fernández.
Consejo de Ministros
"El compromiso del Gobierno y la actitud proactiva para tratar de resolver los problemas industriales y de las personas es clara y notoria en estos diez meses", ha aseverado la ministra de Economía Nadia Calviño en la rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrado hoy, en el que finalmente no se ha aprobado el prometido Estatuto para el Consumidor Electrointensivo.
A preguntas de los periodistas, la ministra de Educación Isabel Celaá ha incidido en que este freno al documento normativo "no tiene por qué afectar a la venta de Alcoa y prosigue el trabajo en la mesa de seguimiento" (la próxima reunión está fijada el 6 de mayo). "No se ha aprobado el Estatuto por falta de tiempo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nos pide revisar algunos contenidos y los ministerios de Industria y Transición Ecológica siguen trabajando. Hay muchas cosas que no han dado tiempo en estos meses", ha añadido.
La ministra de Economía ha tomado la palabra para incidir en que "desde el primer día nuestro Gobierno se ha comprometido de manera plena para encontrar soluciones a las crisis industriales". "Hemos encontrado inversores alternativos que han resuelto de manera muy positiva las crisis de Vestas, de Cemex y de algunas plantas de Isowat y la ministra de Industria estableció inmediatamente una mesa de negociación y empezó a dialogar con los representantes de los trabajadores y de Alcoa, buscando inversores alternativos en las plantas amenazadas de cierre".
"Hemos trabajado con responsabilidad y con compromiso de resolver esos problemas. En esa misma línea, se aprobó un primer elemento de apoyo a la industria electrointensiva, un programa de ayudas de 91 millones de euros para compensar los costes adicionales por los derechos de emisión de CO2 y lanzamos en un tiempo récord la consulta pública del Estatuto del consumidor electrointensivo, abandonado durante muchos años. Hemos recibido las respuestas de los distintos interesados, de instituciones importantes, entre ellos de la CNMC que señala que algunas de las acciones pueden estar sujetas al control de ayudas públicas por parte de la Comisión Europea. Eso es lo que nos ha impedido dar el paso final en ese proceso", ha declarado Calviño en rueda de prensa.
Las declaraciones van en la mísma línea de las que trasladó el jueves a este periódico el secretario general de Industria, Raúl Blanco: "Los ministerios de Industria y Transición Ecológica seguirán trabajando en las próximas semanas para atender las recomendaciones recogidas en el informe de la CNMC y tener listo un texto final para que se apruebe lo antes posible, una vez se forme el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril. En menos de diez meses hemos movilizado ayudas por valor de 175 millones de euros destinadas a la compensación de los costes de CO2, esto es un ejemplo del compromiso de un Gobierno preocupado por la industria electrointensiva".
Blanco ya dijo entonces que "la no aprobación del estatuto no tiene que afectar a la venta de Alcoa": "Prosigue el trabajo en la mesa de seguimiento que se volverá a reunir el 6 de mayo para continuar con el trabajo de análisis de ofertas recibidas para la venta de las plantas de Alcoa, para la que se estableció como plazo el 30 de junio".
Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez sostienen, por otro lado, que el informe de Competencia está fechado el 9 de abril pero ese documento "era un borrador, un documento oficioso, no el definitivo" y que "no fue firme hasta ayer".
