El Gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido sacar adelante el Estatuto del consumidor electrointensivo que pretendía aprobar hoy en el último Consejo de Ministros de la legislatura, fundamental para abaratar la factura de la luz de las industrias intensivas en consumo eléctrico como Arcelor-Mittal, Asturiana de Zinc (Azsa) y Alcoa. La confirmación del retraso, que no se produjo hasta ayer mismo, ha sido un auténtico mazazo para los trabajadores de la multinacional aluminera, que ven casi una misión imposible la venta de la planta antes del 30 de junio. De no haberla, el 1 de julio estarán en la calle. Para hoy, han convocado una concentración ante la sede de la FSA en Oviedo para pedir explicaciones al gobierno.

"Ha sido un gran engaño del Gobierno de Pedro Sánchez. Nos pidió tiempo, nos hicieron firmar un acuerdo, se nos garantizó el mantenimiento del empleo y el Estatuto y no hay nada. No es solo Alcoa, ese Estatuto era la esperanza de la industria pesada en Asturias. Nos sentimos engañados", sentenció el presidente del comité de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz. Desde Madrid inciden en que se ha trabajado a contrarreloj ("no ha dado tiempo") y que el retraso no afectará al proceso de venta. Las fuentes consultadas sostienen que de los ochos inversores que han formalizado su interés, tres presentarán definitivamente oferta a Alcoa en los próximos días.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez vincula la imposibilidad de aprobar hoy el Estatuto al informe que publicó ayer la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en el que pide mejoras y realiza recomendaciones al documento. El informe de Competencia es preceptivo pero no vinculante, si bien el PSOE pretende analizar esos consejos para no ver comprometida la seguridad jurídica del Estatuto. "Los ministerios de Industria y Transición Ecológica seguirán trabajando en las próximas semanas para atender las recomendaciones recogidas en el informe de la CNMC y tener listo un texto final para que se apruebe lo antes posible, una vez se forme el nuevo Gobierno", señaló a este periódico el secretario general de Industria, Raúl Blanco, quien incidió en que "en menos de diez meses hemos movilizado ayudas por valor de 175 millones de euros destinadas a la compensación de los costes de dióxido de carbono".

Había muchas esperanzas en el Estatuto y ayer volaron por los aires. "No es una buena noticia pero confiamos en que no afecte al proceso de Venta de Alcoa", señaló el consejero de Industria Isaac Pola. El mismo mensaje trasladó la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien aseguró, tras una tensa reunión con los sindicatos celebrada ayer por la tarde en Oviedo, que los tres compradores que están en la terna final para hacerse con Alcoa le han manifestado que su oferta no está vinculada con la aprobación o no de ese estatuto. Losa trataba así de calmar las aguas, que para los representantes sindicales bajaban bravas.

Los sindicatos aseguraron sentirse "traicionados" y "decepcionados" con lo que ven como una piedra insalvable en el camino para salvar Alcoa. "La solución se aleja, cada día que pasa estamos peor y esto merecerá una respuesta contundente por parte de los trabajadores", resumió visiblemente enfadado, el líder regional de CC OO, José Manuel Zapico que agregó que la situación de Alcoa es "dramática". En la misma línea, el de UGT, Javier Fernández Lanero resaltó que el estatuto "era imprescindible para que hubiera un comprador. No podemos admitir lo que se nos dice ahora de que aunque no lo haya las empresas vayan a seguir interesadas en Alcoa. No se puede garantizar eso. La plantilla está al límite". A las críticas se unió también el líder de USO, Israel Castro, que aseguró que los trabajadores están con la soga al cuello y abocados al despido". Tan palpable era la tensión que los representantes sindicales se negaron a comparecer junto a Losa. Prefirieron hacerlo en la calle -en la plaza de España de Oviedo, frente a la Delegación del Gobierno- junto a varios empleados de Alcoa. Más tajantes fueron los sindicatos de las federaciones industriales, que también participaron en la reunión. El de la de CC OO, Damián Manzano, acusó al PSOE de haber "mentido" y "traicionado" a los trabajadores de Alcoa y prometió que "vamos a ser su pesadilla durante la campaña electoral". Mientras que Jenaro Martínez Paramio, de Fica-UGT, recordó que el informe de Competencia por el que se frena el estatuto electrointensivo "no es vinculante, por lo que debía de haber primado la voluntad política".

Alcoa entra de lleno en la campaña electoral. No tardaron en llegar las primeras reacciones políticas. "Este es un nuevo mazazo a nuestro sector industrial, hicieron (los socialistas) una promesa que sabían que no podían cumplir. Esto es gravísimo y pone en riesgo la captación de un nuevo inversor industrial para Alcoa", protestó Ignacio Prendes, candidato por Ciudadanos al Congreso. "Ha sido este Gobierno el que ha atendido la demanda de la industria electrointensiva de contar con un marco energético estable y este compromiso se mantendrá si los ciudadanos depositan su confianza en el actual Gobierno", apuntó Raúl Blanco.