Las ayudas de 200 millones de euros comprometidas el viernes por el Gobierno central para compensar los costes indirectos de CO2 supondrán una rebaja "importante" de la factura de la luz para las industrias intensivas en consumo eléctrico, como Alcoa, Arcelor-Mittal o Asturiana de Zinc (Azsa), sostienen los sindicatos. Según su versión, el precio del megavatio hora se verá reducido entre 8 y 12 euros, similar al descuento por desenchufarse de la red en caso de necesidad (el servicio de interrumpibilidad). Las industrias están pendientes de la convocatoria de la subasta eléctrica para el segundo semestre del año (la del año pasado se celebró entre el 21 y el 23 de mayo).

El Gobierno de Pedro Sánchez, que con anterioridad había descartado destinar esas ayudas por CO2 más de 91 millones de euros, dio el brazo a torcer el día de cierre de la campaña a las generales que se celebran hoy para compensar su "traspiés" al no conseguir aprobar el marco regulatorio para la industria electrointensiva en el último Consejo de Ministros de la Legislatura. El PSOE defendió por activa y por pasiva que sería una herramienta importante para la venta de Alcoa y sus trabajadores conocieron el jueves, la víspera del último Consejo de Ministros de la Legislatura, que el Estatuto tendrá que esperar por falta de tiempo. Ayer, cuando ya lo daban todo por perdido al no ver ninguna herramienta favorable para la venta de Alcoa, el secretario general de Industria Raúl Blanco realizó un viaje relámpago a Asturias con una promesa de 200 millones de euros por CO2 bajo el brazo.

El presidente del comité de empresa de la aluminera, José Manuel Gómez de la Uz, incidió ayer en que la rebaja en la factura de la luz industrial que lleva aparejada esta herramienta "va a ayudar mucho a que los inversores" interesados en las plantas de Avilés y La Coruña sigan adelante puesto que "hay intención de dotar a los electrointensivos de un marco estable". Pero aún queda mucho por hacer. "De aquí a junio hay que culminar un borrador del Estatuto que haga que la factura eléctrica sea parecida a la de otros países industriales europeos, como Alemania", advirtió. Un Gobierno en funciones puede ejecutar la partida presupuestaria para las ayudas por el CO2 y corregir y completar el Estatuto, pero su aprobación corresponderá al Ejecutivo resultante de las elecciones que se celebran hoy. Sin Gobierno no habrá marco regulatorio. "Para nosotros es muy importante la estabilidad política", añadió.

"Creemos la promesa de esos 200 millones, pero queremos verla plasmada en un documento el 6 de mayo. Es un paso importante de cara a facilitar la venta de Alcoa, da un horizonte nuevo al comprador. Se ha anunciado de forma sorpresiva y a la carrera, cuando era algo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo. Tendrá un impacto importante en la reducción de la factura eléctrica de la industria electrointensiva", señaló Damián Manzano, secretario general de industrial de CC OO.

Su homólogo en Fica-UGT considera que "se reaccionó rápido después del traspiés del Gobierno con el Estatuto". "Es una medida que, como veníamos defendiendo, puede hacer que la industria electrointensiva sea más competitiva puesto que contribuye a una rebaja de los costes energéticos de 10 o 12 euros megavatio. Era perentoria en la búsqueda de una solución para Alcoa. Es una herramienta que debería haberse dotado de presupuesto hace mucho tiempo. Llegó ahora, bienvenida sea", expuso Jenaro Martínez Paramio.

"Después de la decepción y la mentira del Gobierno, no deja de ser un paso adelante y un avance. Se ha convertido en realidad algo que hace un mes nos decía que era imposible. Estamos satisfechos, aunque con reservas hasta ver que se ejecuta", apuntó el responsable de industria de USO Juanjo Estrada, que calificó de "encomiable la respuesta de los trabajadores de Alcoa".

El paquete de 200 millones ha sido también una bocanada de aire para Mariví Monteserín y Jorge Suárez, regidores socialistas de Avilés y Gozón, respectivamente, concejos en los que está asentada la fábrica. Monteserín destacó que "es un compromiso que acompaña el proceso de transferencia de Alcoa" pero incidió en que "es muy urgente que en cuanto haya nuevo Gobierno salga adelante el Estatuto, porque es lo que da seguridad a las industrias". "Es una medida positiva y esperanzadora que puede ayudar a despejar el horizonte a posibles inversores. Espero que la próxima noticia sea que un inversor continuará con la actividad industrial en Alcoa con un proyecto de futuro a largo plazo", destacó Suárez.