Un magistrado del Juzgado de lo contencioso administrativo de Oviedo liga los sobrecostes en las obras ejecutadas por Asturagua en el concejo de Gozón con el caso "Pokémon", que se dirime en los Juzgados de Lugo. La aseveración judicial, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, surge tras una denuncia presentada por la que fuera adjudicataria del servicio de aguas ante una decisión plenaria del 28 de diciembre de 2016, en la que se acordó la liquidación de las obras ejecutadas por la firma por un importe de 354.385 euros así como la aprobación de una indemnización a favor del Ayuntamiento por las obras ejecutadas al margen del contrato por valor de 393.933,83 euros. Con esa aprobación plenaria, el Ayuntamiento rompía sus relaciones con Asturagua, después de que la firma prestara el servicio durante diez años en Gozón durante los sucesivos gobiernos del PP con Salvador Fernández y Ramón Artime, a la cabeza.
El servicio fue revertido a manos públicas al inicio del mandato. Sin embargo, hubo un año de transición hasta que el Ayuntamiento, con el alcalde, Jorge Suárez (PSOE), al frente, tomó las riendas definitivas del servicio de aguas y alcantarillado del municipio de Gozón.
Las cifras indicadas anteriormente, continúa el juez, surgen de un informe técnico en el que se concluye que "hubo sobrecostes en las obras ejecutadas y cuantificadas en más de un millón de euros y junto a ello se informa asimismo sobre obras ejecutadas al margen del contrato -unos 780.000 euros- y otras actuaciones que se entendían por no ejecutadas".
El magistrado entiende además que "procede apreciar la prejudicialidad penal" planteada por el Ayuntamiento "y dar lugar así a la suspensión del curso de los autos hasta que no sea dictada sentencia o auto definitivo en el Juzgado de instrucción número 1 de Lugo", donde se analiza el caso "Pokémon" que salpica a políticos y empresarios asturianos y gallegos y es un proceso con miles de folios desde hace una década y que hasta hace pocas semanas era dirigido por la jueza Pilar de Lara, suspendida durante siete meses y un día por orden del Consejo General del Poder Judicial.
La firma recurrió el auto fechado el 9 de abril de 2018 al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que fue desestimado. Además, el alto tribunal le cargó las costas judiciales a Asturagua en una sentencia del 16 de julio del pasado año. La empresa no se acogió al recurso de casación, lo que derivó en una sentencia firme. Ahora, sólo queda esperar a que el Juzgado de Lugo emita una sentencia que aclare si las actuaciones realizadas por la firma son o no constitutivas de un delito.
