El juicio del "caso Niemeyer" se reanuda hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial con la toma de declaración a directivos de Viajes El Corte Inglés, principal proveedor del Niemeyer. Forman parte del procedimiento más de 200 facturas, la práctica totalidad de esta agencia, en las que durante la investigación del caso se detectaron presuntas falsificaciones y modificaciones de conceptos, que supuestamente no se corresponden con servicios realmente prestados a la Fundación del Niemeyer.
Son cinco los trabajadores vinculados a esta empresa que están citados hoy como testigos. Entre ellos se encuentra el responsable de la auditoría interna realizada en su día en la agencia, una investigación de la propia empresa que permitió detectar 171 incidencias, entre las que se incluyen 35 servicios que se prestaron para actividades que nada tenían que ver con el Niemeyer, y también actividades vacaciones e incluso viajes de particulares a Disneyland París.
Tanto el encargado de las auditorías internas (J. L. P.) como un responsable nacional de la agencia (R. B. M.), que también está citado hoy, comparecieron en enero de 2014 en la investigación parlamentaria sobre el Niemeyer que se desarrolló en la Junta General del Principado. La compañía se desvinculó de las irregularidades e incidió en que la Fundación del Niemeyer tenía que haber detectado las modificaciones en las facturas. Insinuaron que su exempleado ahora procesado, José María Vigil, admitió que realizó cambios en las facturas "por indicación del cliente".
En el juicio están siendo procesados, además de Vigil, el exdirector de la Fundación del Centro Niemeyer, Natalio Grueso; su exmujer, Judit Pereiro; el exsecretario de la entidad, José Luis Rebollo, y el exjefe de producción del centro, Marc Martí. Las penas que solicita la Fiscalía para los cinco investigados suman veinticinco años y tres meses de prisión y el pago de multas. Grueso afronta la mayor pena: once años de cárcel y la inhabilitación para cualquier contrato con la administración o entidades del sector público durante una década. Todos ellos se desvinculan de irregularidad alguna.
