El juicio fijado para ayer en la Audiencia Provincial al objeto de establecer las responsabilidades penales de trece personas acusadas de haber montado una red de distribución de droga al por menor que funcionó en el barrio de La Luz entre los años 2014 y 2015 deparó la conformidad de once de los reos con las penas que propuso la Fiscalía; una de las personas encausadas rechazó el acuerdo y su posible condena queda en manos del tribunal, que habrá de tener en cuenta el atenuante de confesión. Respecto al decimotercer acusado, su responsabilidad penal está extinguida debido a que falleció el año pasado.
La prevalencia del deseo de conformidades antes que la celebración de la vista oral hizo trabajar duro a los abogados defensores, que durante dos horas negociaron ajustes de penas con la fiscal, Belén Rico, a la que por momentos recriminaron la dureza de sus planteamientos. Finalmente todos quedaron relativamente contentos, como evidenció el hecho de que los acompañantes de algunos de los acusados prorrumpieron en aplausos cuando los abogados comunicaron en los pasillos de la Audiencia los acuerdos a que habían llegado y el hecho de que los mismos pueden eximir de la entrada en la cárcel a los implicados en la venta de droga, un hecho incontrovertido, pues todos lo reconocieron.
El internamiento en prisión no dejaba de ser lo que todos los acusados pretendían. Para lograrlo, el quid era conseguir penas de duración tal que puedan ser objeto de petición del beneficio de suspensión por la concurrencia de la circunstancia de drogodependencia, una condición que tienen la mayoría de los encausados. Así mismo, todos deberán acreditar el seguimiento de terapias de deshabituación.
Las mayores penas fueron las que aceptaron el varón que junto a su esposa estaba acusado de ser el "cerebro" de la red dedicada al trapicheo de droga en La Luz (cuatro años y seis meses); lo mismo se pide para su esposa, que rehusó aceptar el acuerdo y prefirió testificar y mostrar arrepentimiento dejando en manos del juez la imposición final de condena; e idéntica pena aceptó un hombre al que la Fiscalía acusó de ser uno de los proveedores de droga del matrimonio, en el que concurre la circunstancia agravante de reincidencia.
El resto de penas acordadas son de tres, dos y un año de cárcel, según los casos y la gravedad de la participación de los sujetos en las actividades relacionadas con la venta de drogas. Estos "colaboradores" de las personas señaladas como cabecillas de la organización desempeñaron, según el relato de la Fiscalía, funciones habituales en el mundo del trapicheo: "camellos", "mulas", cómplices en la ocultación del "material" destinado a la venta a toxicómanos y personas "de confianza". En todos los casos, la Fiscal rebajó su petición de pena de cárcel más o menos a la mitad de los años inicialmente solicitados; y lo mismo con la propuesta de multas.
Este caso que ayer llegó a la Audiencia Provincial se remonta a septiembre de 2014, la fecha en la que la Fiscalía data el inicio de las actividades delictivas en la vivienda que tenían en el barrio de La Luz F. M. H. y R. H. J. Allí vendían a cambio de dinero papelinas de entre 0,1 y 0,3 gramos de heroína y cocaína a diversos compradores que acudían a su casa con asiduidad. En otras ocasiones, la pareja concertaba citas en diferentes puntos de La Luz para la venta de estupefacientes. Todo esto se puso saber gracias a las pesquisas policiales realizadas entre 2014 y 2015.
Temeroso de ser pillado, el matrimonio se valía de cómplices que guardaban en sus propios domicilios las sustancias estupefacientes en previsión de registros nocturnos. Otra persona era la que preparaba la droga para su consumo. Los proveedores del matrimonio -les suministraban tanto cocaína como heroína y marihuana- solían adquirir mercancía en Salamanca y Valencia. Otros implicados vendían al menudeo y realizaban tareas de apoyo para la organización. Un complejo y opaco sistema que la Policía logró desmantelar.
