08 de junio de 2019
08.06.2019

Piden dos años de cárcel para un hostelero de Sabugo por los ruidos de su local

El acusado se enfrenta también a 7.000 euros de multa y la prohibición de regentar bares durante dos años | Unos vecinos tuvieron que abandonar su piso

08.06.2019 | 01:46
La calle de La Estación.

Un hostelero de Sabugo afronta dos años de prisión y una multa de más de 7.000 euros por ruidos en su local. La Fiscalía sostiene que el establecimiento, ubicado en la calle La Estación, excedía los límites sonoros establecidos por la ley y que, a consecuencia de esto, los vecinos de la vivienda ubicada sobre el negocio tuvieron que abandonar su hogar. El Ministerio Público también considera que debido a estas molestias los residentes padecieron insomnio y cefalea. La vista oral por el caso se celebrará el lunes a las 9.45 horas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés.

Según el relato de la Fiscalía, el acusado regentaba un café-bar en la calle La Estación desde 1 de diciembre de 2014 y que, con permiso del Ayuntamiento, en febrero de 2015 obtuvo licencia de bar con música amplificada, actividad que desarrolló "sin adoptar las medidas pertinentes para evitar emisiones sonoras". El Ministerio Público cree probado que el establecimiento superaba los máximos de ruido permitidos, tal y como supuestamente confirman mediciones llevadas a cabo por técnicos municipales tanto en diciembre de 2017 como en julio de 2018.

Además, el Ministerio Fiscal afirma en su escrito que a causa de las molestias por el ruido los vecinos del piso superior tuvieron que abandonar su vivienda y que, tal y como recoge el informe forense, los residentes padecieron insomnio y uno de ellos, además, cefalea. También que los tres tuvieron que ser tratados clínicamente por estas dolencias de las que se descarta que padezcan secuelas en el futuro.

Por estos hechos, la Fiscalía pide que se condene al empresario con dos años de prisión por un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica, que se le inhabilite para regentar un establecimiento de este tipo durante otros dos años e indemnizaciones para los vecinos del piso de arriba por importe de más de 7.000 euros.

El bar en cuestión fue precintado en 2018. Tres días después volvió a abrir y, posteriormente, se volvió a clausurar. Esta situación causó tal revuelo que el asunto llegó hasta el Ayuntamiento. Somos criticó que se hubiese permitido la reapertura del establecimiento, mientras el PSOE defendió que lo habían hecho porque el empresario había mostrado voluntad de subsanar los problemas. El posterior cambio de criterio que volvió a cerrar las puertas del bar se debió, supuestamente, a que el denunciado no había presentado unos informes técnicos. Por su parte, el hostelero lamentó la politización del caso y defendió que sí cumplía la normativa. Previsiblemente el caso quedará visto para sentencia el lunes.

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