01 de julio de 2019
01.07.2019
Días decisivos para la industria asturiana

El Gobierno aumenta la presión sobre Alcoa para que venda al fondo Parter

El Ejecutivo, muy molesto con el frenazo inesperado de la operación, incorpora hoy al Ministerio de Trabajo a las negociaciones

01.07.2019 | 02:51
Participantes en una manifestación contra el cierre de Alcoa en Avilés.

El Gobierno de España ha decidido incorporar al ministerio de trabajo y seguridad social a las negociaciones en curso para la venta de las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña al fondo de inversión suizo Parter Capital. Con esta decisión el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aumentar la presión sobre Alcoa y demostrar sin ningún género de dudas que está del lado de los trabajadores y que no consentirá que se frustre el traspaso de las plantas.

Hasta el momento había sido el ministerio de Industria el que tuvo presencia en las reuniones, con especial protagonismo el pasado viernes, cuando Alcoa anunció sorpresivamente que frenaba la venta por falta de garantías financieras de Parter -la oferta del fondo de inversión suizo Parter Capital fue la única que aceptó la aluminera estadounidense en su momento, por encima de la de Quantum- y el secretario general de Industria, Raúl Blanco, hubo de mediar logrando arrancar de Alcoa una prórroga de siete días para aclarar la situación.

La explicación que dio entonces la multinacional Alcoa para frenar la venta a 48 horas de acabar el plazo que ella misma había pactado fue que no le parecen lo suficientemente líquidas las garantías financieras aportadas por Parter y que ascienden a 30 millones de dólares (unos 26,7 millones de euros) para capital circulante de las fábricas. Semejante disculpa generó un importante cabreo tanto de los sindicatos, que hablan de "mala fe", como en medios gubernamentales, desde los cuales se admite que hay cierto "hartazgo" con la actitud de la multinacional estadounidense. Ha sido la propia ministra de Industria, Reyes Maroto, la que ha dado órdenes de, como vulgarmente se dice, apretar las tuercas a Alcoa.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que la acusación de "mala fe" salida de boca de los sindicalistas podría tener repercusiones judiciales para la multinacional en caso de ser probada. Esta podría ser otra derivada a tener en cuenta en la semana crucial que hoy comienza para clarificar el futuro de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña.

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